De cara al próximo sexenio, el de Claudia Sheinbaum al frente del Poder Ejecutivo, es importante tomar en cuenta que los intentos del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, de limpiar la Comisión Nacional del Agua (Conagua) "barriendo desde arriba", fueron infructuosos frente al mal diseño de la institución y los intereses incrustados ahí. También es vital reconocer que, a pesar del mandato de los votantes de iniciar el desmantelamiento del andamiaje neoliberal, los poderes Ejecutivo y Legislativo determinaron no promulgar una Ley General de Aguas que sentaría las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua con participación ciudadana, como exige la Constitución.
El documento "Construyendo el buen gobierno del agua frente a una institución fallida" que la Contraloría Nacional Autónoma del Agua da a conocer en este mes de julio, evalúa el desempeño histórico de la Conagua, que redunda en 35 años de ineficiencia y corrupción.
Al tomar el poder vía fraude, uno de los primeros actos de Carlos Salinas de Gortari para mercantilizar los bienes de la nación fue la creación de la Conagua en 1989. Una tarea inicial fue la elaboración de la Ley de Aguas Nacionales, promulgada en 1992, de cata a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Desde 1989, las aguas de la nación han quedado en manos de la Conagua, una institución autocrática y opaca que no planea ni se responsabiliza, sino que reparte concesiones a los poderes fácticos y busca imponer obras mal concebidas frente al estallido serial de crisis hídricas prevenibles. Cada área está ocupada por funcionarios con vínculos históricos a grupos de interés.
Este documento de 24 páginas, explora la manera en que la Ley de Aguas Nacionales y la Conagua han contribuido a la profunda crisis del agua que enfrenta México, y presenta propuestas de los cambios requeridos en cada tema.
Entre las vulnerabilidades por área de la Conagua, nota que en Administración del Agua, frente al rezago, los bufetes "coyotes" pagan para "saltar la cola"; pocos inspectores, sin ética ni apoyo; Consejos de Cuenca excluyentes y sin incidencia; Planes Hídricos Regionales de gabinete, sin aplicación.
En el área Técnica observa estaciones de medición de aguas superficiales y subterráneas abandonadas, manipulación de las disponibilidades de cuencas y acuíferos publicados cada tres años, dictámenes técnicos para concesiones y pozos a cambio de dinero, protección de los intereses al controlar la actualización de las normas oficiales mexicanas.
En Infraestructura Hidroagrícola destaca la complicidad con el acaparamiento, despojo y corrupción por parte de los grupos que controlan los Distritos de Riego, defienden que las presas sean manejadas según las exigencias de los Distritos de Riego, sin reservas y sin respeto por otros usuarios, permiten la venta de "excedentes" de agua obtenidos a través del despojo a ejidatarios.
En el área Jurídica permiten que los bufetes "coyote" tumben sanciones por contaminar y que obtengan concesiones en acuíferos deficitarios, además, acciones jurídicas en contra de comunidades que buscan compensación frente a afectaciones por negligencia.
En Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, descubre discriminación en contra de sistemas comunitarios, promoción de grandes obras mal concebidas e insistencia en tecnologías caras y no apropiadas para obras locales.
En Administración es notoria la opacidad y permisividad en el cobro de derechos a grandes usuarios, falta de medidas de protección de datos contra hackeos, y control sobre las propuestas a la Ley Federal de Derechos para favorecer a grandes usuarios y contaminadores.
Y en Organismos de Cuenca y Direcciones Locales resalta la discriminación y mal trato en contra de comunidades campesinas e indígenas, se profundizan conflictos locales al tomar partido por el lado más fuerte, y reciben "mordidas" para no inspeccionar o sancionar.
En sus conclusiones, el documento afirma que para el próximo sexenio "es absolutamente necesario superar los limitantes del marco legal e institucional salinista. Se requiere convocar a la población y los órdenes de gobierno a un proceso de planeación vinculante para lograr la sustentabilidad y el acceso universal al agua, cuenca por cuenca, guiados por la Ley General de Aguas mandatada por nuestra Constitución."
De sus 24 páginas, dedica 9 a profundizar en las Contralorías Autónomas del Agua como formas organizativas para lograr el buen gobierno del agua.
Tales contralorías "representan una nueva etapa en los procesos de responsabilidad ciudadana y de los pueblos por el agua y el ambiente".
Son estructuras organizadas por comunidades y ciudadanía, articuladas regional y nacionalmente para realizar diagnósticos, acordar planes y propuestas e influir en el quehacer gubernamental en torno a la gestión del agua y su entorno natural.
Construyen así el buen gobierno del agua frente a una institución fallida.
@kardenche
