La columna anterior comentábamos la complicada situación que se presentará este año con respecto a la problemática del agua en la región, empezando por las expresiones inconformes de los ciudadanos afectados por el desabasto que ya se iniciaron, a la par de las restricciones en las asignaciones de agua superficial en la agricultura derivadas de los bajos almacenamientos en las presas. Un escenario cíclico con respecto a años anteriores pero agravado por el acelerado abatimiento del acuífero y la elevación de la temperatura en un entorno marcado por la sequía que padecen diversas regiones del territorio nacional.
Lo que sucede en La Laguna es un ejemplo del agotamiento de un modelo de gestión del agua promovido desde el Estado mexicano con las reformas de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y las políticas públicas implementadas bajo este marco normativo, modelo basado en la gestión mercantil en la que este recurso natural se ha usado prioritariamente como un insumo en la producción por encima de otros usos como el doméstico-urbano y ambiental. Quizás el rasgo más notorio de lo anterior ha sido la expedición indiscriminada de concesiones y el acaparamiento de estas y grandes volúmenes por actores económicos relevantes como algunos corporativos empresariales.
En principio, revertir la crisis hídrica lagunera enfrenta las limitaciones que impone este marco normativo, ya que aun cuando el actual gobierno federal está promoviendo políticas públicas con ese fin es imperativo reformarlo, no puede dejarse a la buena voluntad de los grandes usuarios de agua regresar concesiones para mitigar los problemas de escasez que sufre la población en no pocas urbes y espacios rurales del país. En casos como nuestra región, urge frenar la extracción ilegal de agua del subsuelo como primer paso para revertir la sobreexplotación y trazar a mediano plazo la estabilización de los acuíferos para garantizar el suministro de agua a las siguientes generaciones, incluso crear reservas de agua, ya que, a la fecha, como ya mencionamos, las acciones gubernamentales se han centrado en la mitigación y no en la resolución de esta problemática.
Lo que ocurre este año puede ser el punto de inflexión para revertir la crisis de agua local, actuar aún dentro del marco normativo que limita la aplicación de políticas públicas que permitan, en tanto se reforma la Ley de Aguas Nacionales, transitar de la gestión mercantil del agua a una gestión basada en derechos humanos. Esto implica una intervención gubernamental en regular el tráfico de aguas superficiales que opera en los módulos de riego a la par de la llamada tecnificación para rescatar mayores volúmenes que actualmente solo benefician a pequeños grupos de usuarios ejidales y privados, de otra forma, mejorar los sistemas de regadío en la agricultura se traducirán en un posible fortalecimiento de quienes actualmente acaparan estos volúmenes de agua.
Dicha intervención es un reclamo ciudadano y de ocurrir debe obtener el respaldo de quienes vivimos en esta región, de igual manera que suceda cuando se controle el bombeo ilegal de agua del subsuelo. De ahí la importancia de que los ciudadanos nos informemos con mayor objetividad sobre las causas que provocan el desabasto en las viviendas y negocios que dependen de la red urbana, que entendamos, sin menoscabo de la responsabilidad que tienen los gobiernos municipales de priorizar la inversión pública en el sistema de gestión de agua urbana (redes de agua potable y drenaje, saneamiento y reúso), que la tarea urgente es frenar la sobreexplotación y mejorar la gestión del agua superficial. De otra manera, las cosas seguirán igual o peor, sujetos al abasto que provenga de la extracción y potabilización de agua del río Nazas, que como ya hemos insistido, constituye una medida de mitigación temporal.
La grave situación que enfrentamos este año es la oportunidad de empezar a realizar cambios de fondo en la gestión del agua en nuestra región, de ver esta situación que ya afecta a miles de ciudadanos, como el punto de inflexión para resolver esta añeja problemática. Finalmente, debemos ver que la solución de mediano y largo plazo está en recuperar ríos y acuíferos que nos garanticen la seguridad hídrica en un futuro próximo.
