Abogados demandan para impedir que gobierno de Trump envíe a 10 migrantes a Guantánamo
Abogados de derechos civiles demandaron el sábado al gobierno del presidente Donald Trump para evitar que transfiera a 10 migrantes detenidos en Estados Unidos a Guantánamo, en su segunda impugnación legal en menos de un mes sobre los planes para mantener en ese lugar hasta 30.000 inmigrantes para su deportación.
La más reciente demanda federal se aplica sólo a 10 hombres que enfrentan la transferencia a la base naval en Cuba, y sus abogados dijeron que el gobierno no les notificará quién será transferido ni cuándo. Al igual que una demanda que los mismos abogados presentaron a principios de este mes para tener acceso a migrantes ya detenidos allí, el caso más reciente fue presentado en Washington y cuenta con el respaldo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Al menos 50 migrantes ya han sido transferidos a Guantánamo, y los abogados de derechos civiles creen que, actualmente, el número puede ser de unos 200. Afirman que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el gobierno detiene allí a no ciudadanos estadounidenses por cargos de inmigración civil. Durante décadas, la base naval se utilizó principalmente para detener a extranjeros vinculados con los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Trump ha dicho que Guantánamo, también conocido como “Gitmo”, tiene espacio para alojar hasta 30.000 inmigrantes que viven en Estados Unidos y que planea enviar allí a “los peores” o a “criminales extranjeros” de alto riesgo. El gobierno no ha divulgado información específica sobre quiénes serán transferidos, por lo que no se sabe de qué crímenes se les acusa en Estados Unidos y si han sido condenados en un tribunal o si simplemente fueron acusados o arrestados.
Los 10 hombres involucrados en la demanda llegaron a Estados Unidos en 2023 o 2024. Siete son de Venezuela, y la demanda señala que dos de ellos fueron torturados por el gobierno venezolano por sus opiniones políticas. Un hombre de Afganistán y uno de Pakistán llegaron a Estados Unidos, según la demanda, debido a amenazas del Talibán. Un hombre huyó de Bangladesh porque fue amenazado por su afiliación a un partido político, de acuerdo con la demanda.
“El propósito de esta segunda demanda sobre Guantánamo es evitar que más personas sean enviadas ilegalmente a esta famosa prisión, donde se ha revelado que las condiciones son inhumanas”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la ACLU y representante principal en el caso. “En la demanda no se afirma que no pueden ser detenidos en instalaciones de Estados Unidos, sino solo que no pueden ser enviados a Guantánamo”.
La Casa Blanca y los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional no han respondido de momento a correos electrónicos el sábado solicitando comentarios sobre la demanda. Las dos agencias, los secretarios Pete Hegseth y Kristi Noem, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y su director interino son los demandados.
En una orden ejecutiva del 29 de enero que ampliaba las operaciones en Guantánamo, Trump dijo que uno de sus objetivos es “desmantelar a los cárteles criminales”. Pero los abogados de los hombres dijeron que ninguno de ellos tiene afiliaciones a pandillas, y la demanda señala que cuatro de ellos fueron identificados falsamente como miembros de pandillas basándose en sus tatuajes, incluyendo uno de un rosario católico.
Sus abogados describieron su demanda como un recurso de emergencia para detener transferencias inminentes e impugnar los planes del gobierno de Trump. Sostienen que las transferencias violan el derecho de los hombres a un debido proceso legal, garantizado por la 5ta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
En la demanda también se argumenta que la ley federal de inmigración prohíbe la transferencia de migrantes no cubanos de Estados Unidos a Guantánamo y que el gobierno estadounidense no tiene autoridad para detener a personas fuera de su territorio. Legalmente, la base naval sigue siendo parte de Cuba. Las transferencias también se describen como arbitrarias.
Además, la demanda argumenta que Guantánamo “no tiene la infraestructura” para albergar incluso a los diez hombres.
“La razón para hacerlo es únicamente intentar infundir miedo en la población inmigrante”, se sostiene en la demanda.
Los abogados de los detenidos alegan que muchas de las personas que han sido enviadas a Guantánamo no tienen antecedentes penales graves o ni siquiera un historial delictivo. En su primera demanda, presentada el 12 de febrero, afirman que los migrantes enviados a la base naval habían “desaparecido efectivamente en una caja negra” y no podían contactar a abogados o familiares. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una de las agencias demandadas, aseveró que podían comunicarse con abogados por teléfono.
En otra demanda federal separada, presentada en Nuevo México, un juez federal bloqueó el 9 de febrero la transferencia a Guantánamo de tres inmigrantes venezolanos, detenidos en ese estado. Sus abogados dijeron que habían sido acusados falsamente de ser miembros de pandillas.
El centro de detención de migrantes de Guantánamo opera independientemente del centro de detención y las cortes militares de Estados Unidos para extranjeros detenidos durante el régimen del expresidente George W. Bush, en lo que el exmandatario denominó su guerra contra el terrorismo. En su momento, albergó a casi 800 personas, pero el número ha disminuido a 15, entre los que está el cerebro de los ataques del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien fue asignado a Guantánamo cuando estaba en servicio activo, ha dicho que es un “lugar perfecto” para albergar migrantes, y Trump ha descrito la base naval como “un lugar del que es difícil salir”.
Un investigador de Naciones Unidas que visitó el centro de detención militar en 2023 dijo que las condiciones habían mejorado, pero los detenidos militares aún enfrentaban vigilancia casi constante, remoción forzada de sus celdas y uso injusto de restricciones, lo que generaba “un tratamiento cruel, inhumano y degradante según el derecho internacional”. Estados Unidos subrayó que no estaba de acuerdo “en aspectos significativos” con su informe.
