El Proyecto de Dictamen de Reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y a la Ley Federal del Trabajo, aprobado por el Senado de la República, ha generado gran controversia en medio de mucha bruma que impide ver con claridad de qué va realmente esta reforma. Paradójicamente el silencio selectivo tanto del gobierno como de sus opositores genera tanto ruido que dificulta discernir los verdaderos retos de la propuesta.
Aquí esbozo solo algunas notas al respecto debido a la amplitud del tema. En primer lugar, hay que recordar que el Infonavit nace por ley en 1970 como un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo principal objetivo es el de operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para la adquisición de vivienda. Es decir, no es un organismo del gobierno federal en cualquiera de sus figuras jurídicas (descentralizado, desconcentrado, autónomo, etc.,) ni tampoco una desarrolladora pública, sino un mecanismo de financiamiento inmobiliario, eso sí, creado y regulado por el marco normativo del Estado mexicano con el propósito descrito.
La propuesta de reforma al Infonavit no propone cambio alguno en cuanto a su figura jurídica porque implicaría crear un organismo distinto, algo nuevo, y justo me parece que ahí radica el mayor de los problemas que enfrenta la propuesta, algo de lo que por cierto nadie está hablando. Por otro lado, algo que sí logró demostrar la actual administración federal es la insultante y burda corrupción que ocurrió en este instituto, principalmente, en las administraciones que abarcaron de 2006 a 2018.Sin embargo, las soluciones propuestas no sólo parten de premisas falsas, como el asumir que una mayor presencia gubernamental al interior de la organización del Infonavit garantizará una mayor pulcritud y transparencia en su operación, sino legalmente inviables, como la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la cual no está facultada para fiscalizar organismos que no reciben recursos de federales.
Comparto plenamente la decisión de sanear al Infonavit. Asimismo, considero más que necesario la construcción de vivienda digna y accesible para los trabajadores del país, algo que el mercado inmobiliario en México no ha hecho. Justo en la teoría económica una de las razones más aceptadas para la intervención del Estado es resolver las fallas de mercado, y la falta de vivienda digna y accesible es, por lo menos, una falla de mercado.
El otro gran tema de debate es el destino y seguridad sobre los recursos de los trabajadores. Los recursos líquidos del Infonavit son alrededor del 10% de sus activos totales, por lo que aunque los derrocharan, como ya ocurrió, en vuelos privados y conmemoraciones suntuosas, no alcanza para dejar a los trabajadores sin sus ahorros. Esto no quiere decir que esos recursos se destinen sin más a la construcción de vivienda sin el acuerdo de la parte interesada, los trabajadores, y mucho menos que lo tenga que hacer una nueva empresa filial del Infonavit, cuyo carácter jurídico quedaría pendiendo de hilos muy delgados, por decir lo menos.
El gobierno no debiera intentar controlar la operación de una institución que, si bien es y seguirá siendo tripartita, se alimenta de recursos privados, por eso la comparación con el IMSS no es válida, porque este último sí es una institución gubernamental y con aportaciones de los tres sectores.Ahora que la propuesta de reforma está en la Cámara de Diputados, será interesante observar si se cuenta con la suficiente voluntad política e imaginación como para explorar otras vías, como la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano o la Comisión Nacional de Vivienda.
Dr. Mauro Soto RubioInvestigador y consultor en economía y políticas públicas
