Desde el Congreso buscan garantizar acceso al agua en todo el país

El diputado federal, Ricardo Mejía Berdeja, adelantó que prepara iniciativas para reformar el marco legal y establecer el uso sustentable del agua en zonas áridas, desde el Congreso de la Unión.

“Sobre todo, porque esto afecta a entidades que tienen amplias zonas desérticas, que, además, padecen ya los efectos de la sequía, el cambio climático, la sobreexplotación, abuso, principalmente de empresas que utilizan de manera intensiva el agua, sin control, ni freno; situación que constituye un atentado al derecho humano al agua y a comunidades enteras”, mencionó el legislador federal por el Partido del Trabajo (PT).

Indicó que en el marco de la semana internacional del acceso al agua potable como un derecho humano que promueve la ONU, ya trabaja para presentar una reforma en materia de sustentabilidad del agua en zonas desérticas.

“El acceso al agua potable y su saneamiento es un derecho humano reconocido por la Constitución mexicana desde 2012. Sin embargo, garantizar su cumplimiento es aún un desafío para que millones de personas obtengan garantía de suministro adecuado y seguro”, expresó.

Asimismo, invocó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, en el que existe una inversión de 9 mil millones de pesos destinados a tecnificar el riego en beneficio del todo el pueblo mexicano.

Reconoció el esfuerzo gubernamental para poner orden en las concesiones de agua potable; eficientar el uso del líquido con la tecnificación al campo, entre otras acciones.

“He vivido la experiencia en regiones como las de mi estado Coahuila, Cuatro Ciénegas, Parras de La Fuente, Zaragoza, Piedras Negras, La Laguna, Saltillo y la región sur, pero en realidad es generalizado y es indispensable reforzar políticas en materia de aguas que limitan el uso indiscriminado, que nos permitan utilizar tecnologías y también establecer zonas de veda que son necesarias”, mencionó.

Recordó que el contenido del artículo 4° de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua en cantidad suficiente y de calidad. Para ello, el Estado debe garantizar la distribución equitativa y sustentable de los recursos hídricos.

“Además, México es signatario de tratados internacionales que refuerzan este compromiso, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que exige a los Estados garantizar el acceso universal al agua potable”, puntualizó.

Expuso que el saneamiento adecuado es otra deuda pendiente. El acceso a drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales es crucial para evitar enfermedades y proteger el medio ambiente.

En este sentido, dijo que que hay que recordar las acciones que se realizan en la capital del país, que dirige Clara Brugada, al acercar a la población, insumos y tecnología para la “Captación de Agua de Lluvia”, particularmente en zonas donde escasea este líquido indispensable para la vida.

Señaló que existen diversas normas que regulan la calidad del agua en el país, como la NOM-001-SEMARNAT-1996 y la NOM-002-SEMARNAT-1996, que establecen límites permisibles de contaminantes en descargas residuales, particularmente de empresas.

Añadió que el desperdicio y el uso ineficiente agravan la crisis hídrica, pues pequeñas acciones, como reparar fugas, usar dispositivos ahorradores y reutilizar agua, pueden marcar una diferencia significativa para conservar de manera eficiente el agua.

“Si bien el acceso al agua es un derecho, también implica responsabilidades. La sociedad debe participar activamente en su conservación y exigir medidas eficaces para garantizar el abastecimiento y la calidad del recurso”, subrayó.

Comentó que la semana internacional del agua inicia este lunes y concluye el próximo 22 de marzo, fecha en que la ONU impulsa El Día Mundial del Agua, e invita a tomar medidas para hacer frente a la crisis mundial del agua, apoyando el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS).