La brújula ha cambiado de rumbo. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, anunció esta semana que "la iniciativa privada tiene disponibles 70,000 plazas de trabajo para los mexicanos que sean devueltos al país". La medida tiene por objeto responder a la dura política de deportaciones proclamada por Donald Trump.
Los cambios de política migratoria y relaciones de México con el exterior son sensibles. En lugar de insistir en seguir bajando la competitividad internacional de la producción norteamericana que provoca una desastrosa desorientación y baja en algunas actividades económicas del país, particularmente en agricultura y manufacturas, la nueva óptica gubernamental intenta crear oportunidades en las que participen todos los sectores de la sociedad.
No resultó aceptable "la economía del goteo" para mitigar las penurias de la población mayoritaria que ocupa el 90% de la fuerza laboral mundial, debido a que sólo tomaba en cuenta el interés de los inversionistas y nunca el del trabajador y los grupos vulnerables. De buena fortuna, ha habido apertura mediante organismos de asociaciones en participación de índole rural.
La nueva administración norteamericana expresa un viraje de 180 grados respecto a las intenciones anteriores. El sólo retórico humanismo socialista predicado en los discursos de López Obrador, queda como una romántica expresión de académicos de los años 70 que acusaban como culpables a los empresarios.
Hay que ser prácticos y la Presidenta así lo demostró esta semana al poner en marcha el Programa de Inclusión Laboral de Repatriados, implementado para ocupar una oferta de puestos de trabajo en los sectores de la manufactura, servicios, construcción y minería. De acuerdo a lo señalado por el Consejo Coordinador Empresarial, esta medida es sólo el principio de las ofertas de trabajo y que las vacantes laborales son parte de un plan de emergencia del gobierno para apoyar a los mexicanos repatriados. A esta iniciativa se han sumado entidades como la American Chamber of Commerce of México, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Bayer, Nestlé, General Motors y Stellantis, entre otras, además de las que están por sumarse a este esfuerzo. En los foros en los que participaron funcionarios de gobierno y empresarios, se dijo que si uno de cada 20 establecimientos empleara a una persona, se podría dar trabajo a 50 mil personas, es decir, a una cuarta parte de todos los repatriados que se registraron en 2024.
El gobierno ha invitado a las instituciones públicas de los tres órdenes de Gobierno, a las iglesias, a las organizaciones civiles y al empresariado mexicano para brindar asistencia y protección a nuestros compatriotas. De acuerdo a los objetivos del programa se dijo que cada semana se publicarán el número de los empleos formales ofrecidos, su ubicación y especialidad.
La realización de este programa regional de repatriación ha podido arrancar y ser llevado a cabo gracias a la solidaridad de todos los sectores del país.
El sexenio tiene un nuevo atuendo. En primer lugar, se busca un reparto más equitativo entre el esfuerzo del sector laboral y la administración del país que requiere evitar corrupción y aumentar la eficiencia en el costo de gobernar para todos. Por otra parte, se hace más realista la federalización anunciada el día de ayer por la Presidenta.
Hay que ampliar la zona de interés de los Derechos Humanos para que den respuesta a los problemas de urgencia que ya se nos presentan. La acción de organizaciones sociales y de nuevas fuerzas intenta mejorar las condiciones de cientos de miles de víctimas que, en los últimos años, aparecen como los abandonados en las macabras estadísticas de la migración a nivel global.
Hay posibilidades de aplicar, en un sentido más ampliado que el actual, el principio de protección de los Derechos Humanos, con lo cual habremos de eliminar el caos y los desastres inenarrables de la guerra que se realiza en muchos lugares del mundo.
