La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) fue la respuesta del PRI como partido opositor tras la victoria del empresario Vicente Fox en las elecciones de 2000. El PAN ganó la presidencia, pero el PRI conservó el dominio del Congreso, los Gobiernos estatales y la estructura electoral debido a su experiencia y sus alianzas históricas con los poderes fácticos. Los gobernadores utilizaron su influencia para obtener ventajas políticas y económicas, afianzar sus cotos y presionar al presidente. Fox los dejó sueltos. Algunos aprovecharon la situación para ampliar la infraestructura y sanear las finanzas en sus estados; otros se dedicaron a medrar.
El sindicato de gobernadores, al principio exclusivo del PRI, se afianzó en el sexenio de Felipe Calderón, y las cosas empeoraron. La deuda de los estados se disparó y la violencia se generalizó. Coahuila no solo fue campeón en impunidad y opacidad, sino también en nepotismo por la transmisión del poder entre los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El clan utilizó la codicia de las élites, la indolencia ciudadana y la sumisión de las oposiciones para sus fines. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 5 de febrero que promoverá reformas contra el nepotismo, práctica abusiva y venal presente en los gobiernos de todos los partidos, sin excluir a Morena.
Con las riendas el poder sujetas, Sheinbaum empieza a meter en cintura a los gobernadores, sin caer todavía en juegos mediáticos, insidias políticas, tentaciones autoritarias y golpes de efecto para ganarse a la galería; no lo necesita ni es su estilo. La presidenta dispone de los medios constitucionales para ordenar el país. Sabe que el auge, la proliferación de carteles y la espiral de violencia en las entidades, durante las gestiones de Fox, Calderón y Enrique Peña, fue tolerada por administraciones del PRI, PAN y el PRD; en algunos casos, a cambio de sobornos. La alternancia en los estados, gobernados ahora en su mayoría por Morena, ha exacerbado la violencia en regiones específicas. El abandono e incapacidad de algunos gobernadores agrava la crisis.
Para reducir los índices de violencia, Sheinbaum pidió a los ejecutivos locales ajustarse a la estrategia de seguridad nacional. Reunida el 10 de diciembre con 30 de ellos, la presidenta fue directo al grano: «Con todo respeto, ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota. Donde no se atiende, siempre hay problemas. No hay división política que valga, tenemos que caminar juntos en este proceso». Cada entidad tendrá una metodología particular, anunció. Los gobernadores se llevaron la tarea de «fortalecer las policías estatales y municipales».
En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública participaron los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Harfuch García; y el fiscal general de la República, Alejandro Hertz. «La responsabilidad no puede delegarse», dijo Sheinbaum a los gobernadores. Si la cabeza no está, la coordinación no funciona, recalcó. Al presidente López Obrador se le culpó de la violencia heredada por Calderón y Peña Nieto, así como de la escalada en estados gobernados por el PRI (Guerrero, Sinaloa, Zacatecas), el PAN (Guanajuato, Tamaulipas) y el PRD (Michoacán). El mensaje de Sheinbaum es claro: ya no hay lugar para los pretextos. Los gobernadores y alcaldes -sobre todo de Morena- serán observados directamente por la presidenta. Si fallan de nuevo o tratar de evadir su responsabilidad, habrá consecuencias.
