Coparmex advierte riesgos en elección judicial y llama a vigilar el proceso

La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) de La Laguna informó que las campañas para la elección judicial iniciaron sin un marco legal sólido, reglas claras ni condiciones de equidad, por lo que este organismo asumirá una postura activa como observador , y exhortó a la ciudadanía a sumarse a esta labor y poner la lupa sobre dicho proceso. Se indicó que desde la discusión de la reforma al Poder Judicial, se advirtió de que este modelo de elección popular de las personas juzgadoras afecta los principios de imparcialidad y profesionalismo que deben regir a todo juzgador.

El compromiso de la Coparmex es contribuir a que el proceso se realice con transparencia y apego a la ley, utilizando la capacidad y presencia nacional para proteger la certeza jurídica, esencial para el desarrollo económico y la inversión.

Se indicó también que la elección judicial por voto popular genera una incertidumbre sin precedentes y que su implementación implica amenazas concretas.

En ese sentido, la Coparmex Laguna informó que se compromete la independencia de los jueces al exponerlos a intereses partidistas; además, se reduce la calidad técnica y jurídica de las resoluciones al anteponer la popularidad a la preparación.

Se vulnera el acceso equitativo a la justicia al desdibujar la imparcialidad que debe regir en el sistema. Se pone en riesgo la estabilidad institucional al politizar un poder que debe ser contrapeso, no reflejo del poder político.

A ello se suman efectos económicos graves: sin un Poder Judicial autónomo y eficaz, se desvanece la confianza de los inversionistas, cae la competitividad y se frenan los empleos formales.

Ante ello, la labor como observadores permitirá a disuadir irregularidades, prevenir violaciones a la ley y promover la rendición de cuentas.

Esta labor permitirá documentar la integridad del proceso, detectar fallas estructurales y, en su momento, proponer ajustes a las leyes que fortalezcan el diseño institucional.

No se trata de avalar una reforma con la que no hay coincidencia, sino de ejercer una vigilancia cívica que evite retrocesos democráticos.