La Coparmex en todo el país se pronunció por la creación de una Ley General de Extorsión, ante el incremento de estos delitos. (EL SIGLO DE TORREÓN)
La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) Laguna se sumó a la petición de la dirigencia nacional para que se reforme la Constitución y se apruebe una Ley General de Extorsión, un delito que va en aumento en el país y que, sin una legislación eficaz, pone en riesgo la economía, el tejido social y la seguridad.
Esto sería mediante la reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso de la Unión a expedir esa nueva legislación que coordine acciones, persiga el delito eficazmente y genere estrategias conjuntas para su erradicación.
Actualmente, existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los Códigos Penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que requiere una legislación nacional que homologue el delito y sus penas.
El pronunciamiento parte de los recientes hechos de violencia y la inseguridad que prevalece en diversos estados del país, lo que vuelve urgente reforzar políticas, estrategia y medidas de seguridad.
El delito de extorsión, advierte la Coparmex, afecta a empresas de todos los tamaños, especialmente a las MiPyME (micro, pequeñas y medianas empresas) y familias mexicanas, y sus modalidades como llamadas, mensajes, cobro de piso e intimidación generan incertidumbre y frenan el desarrollo inclusivo del país.
El organismo argumentó su petición en el hecho de que es un delito con diversas tipificaciones y alta cifra negra de denuncias.
El artículo 390 del Código Penal Federal define la extorsión como el acto de obligar a alguien, sin derecho, a realizar o tolerar algo para obtener lucro o causar perjuicio patrimonial, y cuya pena actual va de dos a ocho años de prisión.
Por otra parte, los grupos criminales han diversificado sus métodos, afectando a empresas, pequeños negocios y la población en general, incluidos migrantes. Bajo la apariencia de “protección”, imponen pagos regulares, suplantando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos. También hay servidores públicos que exigen sobornos para evitar sanciones.
Uno de los principales obstáculos para combatir este delito es la falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales, pues en algunos estados se clasifica como “uso de confianza” o se revictimiza a las personas afectadas, debilitando las investigaciones.
Cifra negra, alarmante
Además, la ausencia de coordinación entre fiscalías estatales y la FGR impide respuestas efectivas. La cifra negra es alarmante: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) 2024 del Inegi, el 96.7 por ciento de los delitos de extorsión no se denuncian.
Esto es porque el miedo a represalias de criminales y funcionarios deja a las víctimas indefensas.
En algunos estados se ha registrado un incremento de hasta el 50 por ciento en seis años, evidenciando la urgencia de atender este fenómeno. Sólo en enero de este año se registraron 923 víctimas de extorsión, un 13.3 por ciento más respecto al mes anterior y 3.8 por ciento más en comparación con enero de 2024, un promedio diario de 30 casos.
Por otra parte, en 2023 el costo de la extorsión fue de casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de 6 mil 933 pesos por víctima.
Aunque la reforma al artículo 19 constitucional que se publicó el 31 de diciembre de 2024, incluyó la extorsión en los delitos con prisión preventiva oficiosa, lejos de combatirla, permite que los acusados aleguen su inconvencionalidad y obtengan beneficios judiciales.
Además, cuando las carpetas de investigación están mal integradas, los jueces aplican automáticamente la medida sin un análisis adecuado, dejando en indefensión.
Por ello, el organismo empresarial está en contra de que la extorsión se incluya en el catálogo de delitos graves, ya que vulnera la presunción de inocencia, compromete la integridad de los detenidos, contradice las políticas de seguridad ciudadana y puede usarse con fines facciosos o para cometer abusos.
