¿Cuál es la formación académica de Lenia Batres, aspirante a la SCJN?

Lenia Batres Guadarrama es una de las aspirantes a convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las elecciones del próximo 1 de junio de 2025. Será la primera vez en la historia de México que cargos del Poder Judicial se elijan mediante el voto ciudadano, y su candidatura ha despertado interés por su cercanía con el actual gobierno y su experiencia técnica en el ámbito legal y legislativo.

¿Cuál es su formación académica?

Batres es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad Humanitas. También obtuvo una maestría en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, así como otra en Estudios de la Ciudad. Actualmente, es candidata a doctora por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Además, ha cursado once diplomados en áreas como derecho parlamentario, urbanístico, electoral y ciencia política. En el ámbito académico, ha sido profesora en la UACM y en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, impartiendo materias jurídicas y políticas de relevancia.

Experiencia profesional

Lenia Batres ha ocupado cargos de alto nivel tanto en el gobierno de la Ciudad de México como en el federal. También ha sido legisladora y ha participado en la elaboración de leyes, políticas sociales, normas urbanas y propuestas en temas como justicia, vivienda y derechos ciudadanos.

Con menos de tres meses para los comicios, su perfil se destaca por su preparación jurídica y su papel en la transformación del marco legal del país.

¿Qué dice sobre las encuestas?

Durante una visita a Querétaro como parte de su campaña para continuar en la SCJN, Batres aseguró no reconocer las encuestas que la ubican entre los perfiles con menor aprobación. En rueda de prensa, cuestionó la validez de dichos estudios, argumentando que no tienen metodología clara ni confiable. Mencionó que ha visto resultados positivos sobre su imagen, aunque no ofreció datos específicos ni fuentes concretas.

Una encuesta de Electoralia, aplicada entre el 20 y el 24 de marzo a 2,500 personas, le otorga un 13% de aprobación, por debajo de Loretta Ortiz Ahlf (25%) y Yasmín Esquivel Mossa (27%). Por su parte, Demos Tracking la colocó en el lugar 12 en cuanto a trayectoria profesional, con un puntaje de 2.6 sobre 5.

Batres consideró preocupante que se difundan estos resultados sin supervisión del INE, lo que, según ella, genera dudas sobre su legitimidad. También dejó claro que, hasta el momento, no ha tenido acceso a encuestas que considere serias o confiables.

¿Cuáles son las propuestas de Lenia Batrés?

Propuesta 1:

Justicia social. Nadie puede ejercer derechos y libertades individuales si no tiene resueltas sus necesidades básicas. El Poder Judicial debe contribuir a combatir la principal injusticia de la sociedad: la desigualdad. Debe formular criterios jurisdiccionales que coadyuven a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales: educación, salud, vivienda, alimentación, agua, trabajo, seguridad social, cultura y medio ambiente sano, en armonía con las facultades de los otros poderes.

Propuesta 2:

Acceso a la justicia. Organización de defensorías públicas, comisiones de derechos humanos y procuradurías en la defensa y representación de la ciudadanía en general para garantizar que toda persona tenga la posibilidad de denunciar o defenderse en juicio. Articular en el Poder Judicial instrumentos pedagógicos y formularios accesibles para permitir la actuación de la ciudadanía en los juicios o alguna de sus etapas en que sea posible. En las sentencias, privilegiar el fondo sobre la forma.

Propuesta 3:

Austeridad. Apego a la obligación de administrar los recursos del Poder Judicial con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Priorizar el uso del presupuesto en el adecuado servicio de justicia, tanto en infraestructura para atender al público, como en el desarrollo de instrumentos que faciliten su acceso. Apego a la obligación de otorgar remuneraciones adecuadas y proporcionales conforme al límite constitucional. Erradicar abusos y privilegios para titulares y alta burocracia.