¿Cuál fue la 'tradición' que rompió México con el traslado de capos a Estados Unidos?
Este viernes, se reveló que el traslado de 29 capos del narcotráfico en México a Estados Unidos fue un proceso iniciado por el gobierno de Joe Biden y no como se había referido se trataba de una demanda de Donald Trump. Mientras tanto al menos cinco de ellos podrían enfrentar la pena de muerte.
La administración de Biden renovó su discusión con Sheinbaum una vez ella asumió la presidencia y el acuerdo final fue establecido por la de Trump luego de su toma de posesión.
La noticia fue reportada por el diario The New York Times quien publicó que al menos cinco de los capos enviados a Estados Unidos podrían enfrentar la pena de muerte. Entre ellos Caro Quintero, vinculado al asesinato del agente de la DEA ‘Kiki’ Camarena y Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, líder del Cártel de Juárez que fue capturado en Torreón.
El traslado de capos representa dos cosas, según el reportaje, por un lado la ruptura de México con la tradición política de proteger a sus ciudadanos de la pena capital, siendo que para el traslado de los capos de la droga recurrió a la Ley de Seguridad Nacional, dando flexibilidad al trámite. Aunque también violando presuntos amparos con los que contaban algunos miembros del crimen organizado para evitar una acción similar.
México, señala el Times, tiene un tratado de extradición con Estados Unidos vigente desde la década de los 70s donde se estableció que cualquier país que buscara a un presunto culpable no podía imponer la pena de muerte. En el caso de México este castigo no se usado desde los 60s, aunque fue abolido oficialmente hasta 2005.
Por otra parte, el presidente Donald Trump ha tenido desde hace décadas una postura a favor de la pena capital, durante la campaña lo reiteró y ahora su administración está haciendo todos los cambios necesarios para aplicarla.
Académicos consultados por el diario estadounidense han advertido que la entrega de los capos abre una “que estaba firmemente cerrada” en el caso de la pena de muerte, pese a que el fiscal general Gertz Manero declaró en su momento que estos líderes criminales no podían ser ejecutados por Estados Unidos.
