El 8 de febrero del 2012 el movimiento defensor del agua obtuvo un triunfo estratégico al lograr que se publicara en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona al artículo 4° constitucional el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; es decir, el Derecho Humano al Agua y Saneamiento. El Decreto mandató con precisión al Congreso de la Unión emitir una Ley General de Aguas en un plazo de 360 días que se agotaría el 8 de febrero del 2013. Estamos en 2025, con un Congreso de mayoría "progresista", y no hay Ley General de Aguas aún. Lo peor: no hay para cuándo. Mientras tanto, la problemática del agua no sólo no se ha reducido, sino que es cada vez más compleja.
Resulta extraño -dice el Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México- que el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, del Gobierno de Claudia Sheinbaum, proyecte reformar la salinista Ley de Aguas Nacionales, neoliberal, en vez de abrogarla, y al mismo tiempo diga que buscará expedir la Ley General de Aguas; o sea, tener dos leyes del aguas.
No pueden existir dos leyes sobre esta materia, dijo en entrevista con La Jornada la académica Elena Burns Stuck, porque generaría confusión y contradicciones para su aplicación simultánea, como garantizar el derecho humano al agua o regularizar las concesiones a particulares.
Al unísono, defensores del agua exigieron "¡Una sola ley!" durante los foros "Transformando el Régimen del Agua en México. Hacia una Ley General de Aguas y Reformas a la Ley de Aguas Nacionales" organizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del 27 de enero al 14 de febrero.
¡Una sola ley! -el clamor se extendió en los foros de Ciudad de México, Mexicali, Hermosillo, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Culiacán, Oaxaca, Xalapa, Ciudad Victoria, Guadalajara, Torreón, Monterrey y Cuernavaca.
El 6 de febrero, el Foro Oaxaqueño del Agua manifestó la necesidad de emitir la Ley General de Aguas que sentaría las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación tanto de los tres órdenes de gobierno como de la ciudadanía y las comunidades.
Añadió, sin embargo: Con preocupación vemos que en paralelo se mantenga y se pretenda solo reformar la Ley de Aguas Nacionales, la cual mantendrá los esquemas actuales de administración que lamentablemente tiene un profundo carácter privatizador que afecta la vida cotidiana de comunidades y ciudades.
Nada ha sido fácil para el movimiento en defensa del agua, desde el inicio.
¿QUÉ SUCEDIÓ EN AQUELLOS PRIMEROS DÍAS?
Hay que decir que el tema del agua estaba posicionado a nivel nacional por lo menos desde el 2006, cuando se realizó en el país el IV Foro Mundial del Agua.
Para oponerse a los acuerdos a los cuales estaban llegando empresas y Estados sin escuchar la voz, propuestas y demandas de pueblos y ciudadanía, en aquella ocasión se organizaron actividades bajo el amparo del Foro Internacional en Defensa del Agua.
En ese contexto se llevó a cabo una marcha masiva en la Ciudad de México que articuló a muchos sectores y marcó un hito en cuanto a movilización por el agua.
Entre 2006 y 2012, innumerables organizaciones, académicos, pueblos y comunidades se articularon a nivel nacional en defensa del agua y de los territorios.
Así, el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento en la Constitución el 8 de febrero del 2012 fue un logro del movimiento social en defensa del agua.
Inmediatamente después de aquel histórico triunfo, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), como fuerte impulsora de la reforma constitucional y la consecuente armonización legislativa, planteó que la nueva Ley General de Aguas debía formularse con la participación amplia y decisiva de la población.
Esto implicaba recoger las aspiraciones y propuestas de la población y elaborar la nueva ley a la luz del derecho humano al agua y al saneamiento para dar cumplimiento a la Constitución, así como revertir los procesos de privatización del agua en México permitidos por la Ley de Aguas Nacionales y que son violatorios de este derecho.
Integrante del movimiento, Elena Burns era en 2012 parte del proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana "Investigación, Universidad y Comunidad", localizado en la región de los volcanes, oriente de la Cuenca de México.
Transcurrían los 360 días para que el Congreso de la Unión formulara la nueva Ley General de Aguas, y Elena Burns describía: En las reuniones de nuestro grupo se empezó a hablar del tema y se llegó a la conclusión de que no era necesario esperar a que los diputados presentaran una iniciativa, ya que, además, en el contexto electoral [2012] se encontraban en campaña, así que el espacio estaba libre para formular una iniciativa ciudadana. Se empezó así un arduo proceso que ha sido de mucho aprendizaje.
En noviembre de 2012 -casi cuando nació la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida- ya se tenía una parte de lo que sería una propuesta ciudadana de Ley General de Aguas; los tiempos marcaban hasta febrero del 2013 para poder presentar la nueva legislación y se necesitaba construir los consensos.
Llegó febrero del 2013 y el Congreso de la Unión no cumplió el mandato constitucional de emitir la Ley General de Aguas. Ni al año siguiente; y así hasta el 2025, 13 años años de omisión legislativa.
De 2012 a 2019, el movimiento defensor del agua realizó más de 400 foros en todo el país, talleres, congresos, en donde se alcanzaron 12 consensos por el agua y se afinó la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas.
Todo en apego al mandato constitucional de gestión equitativa, sustentable y con participación ciudadana.
El 8 de febrero del 2020 Agua para Todos entregó al Congreso de la Unión la iniciativa ciudadana de Ley General del Aguas acompañada de miles de firmas.
Pero falta lo que falta.
