La crisis de desapariciones, cual bomba de relojería, no podía detenerse y terminó por estallar en las manos de la primera mujer en ocupar la presidencia. El fenómeno se disparó a partir de 2006, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Desde entonces no ha cesado. El caso del rancho Izaguirre, de Teuchitlán, donde el Cartel Jalisco Nueva Generación adiestraba -y supuestamente asesinaba- a jóvenes reclutados con engaños, generó un alud de reacciones en el mundo y aumentó la presión sobre el Gobierno federal. En ese contexto, las madres buscadoras lograron que el Senado aplazara por tiempo indefinido la discusión de las reformas a las leyes en materia de Desaparición Forzada de Personas, de Población y otros ordenamientos, para ser escuchadas.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) fue pionera en el movimiento de búsqueda y localización. En diciembre de 2009, cuando se fundó, el número de casos rondaba los 20. Antonio Verástegui González y su hijo Antonio Verástegui Escobedo, desaparecidos el 24 de enero previo en Parras de la Fuente, figuran entre las primeras víctimas. Sin embargo, lo peor estaba por venir. En los años siguientes las desapariciones se generalizaron (hoy rebasan las 3 mil 600 de acuerdo con la Secretaría de Gobernación) y las masacres de Allende y del penal de Piedras Negras marcarían a Coahuila como un estado de terror e impunidad. Michael W. Chamberlain cita, en el artículo El caminar de la esperanza en medio de la incertidumbre, que las familias fundadoras de FUUNDEC «tenían en común el miedo, la estigmatización y la esperanza de saber el paradero de sus familiares, cuyo último rastro se localizaba en algún punto del vasto territorio de Coahuila».
Raúl Vera López, a la sazón obispo de Saltillo, canalizó el grupo al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Juan Fray de Larios. Su directora, Blanca Isabel Martínez, aprovechó la experiencia adquirida en el Centro Fray Juan Bartolomé de las Casas, de Chiapas, para propulsar un movimiento nacional. Como fuerza social FUUNDEC «ha obligado al Estado a atender la problemática de las desapariciones, muchas veces en contra de muchas voluntades», dice Chamberlain.
El consultor en Derechos Humanos advierte que después de visitar México y Coahuila en 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU presentó un informe preliminar en el cual corrobora las denuncias que el Centro Fray Juan ya había hecho en solitario: «la desaparición de personas constituye una grave crisis de derechos humanos y no un mero "ajuste de cuentas" entre grupos de la delincuencia del que habría que mirar hacia otro lado». Ignorar las alarmas y, peor aún, negarlas, provocó la crisis actual.
Sin embargo, el Estado ya no puede, como en el pasado, ocultar los conflictos ni reprimir los movimientos sociales derivados de violencia y la injusticia. El tema de los desaparecidos se ha insertado en la agenda política nacional y obliga al Gobierno federal, lo mismo que a los estatales, a escuchar y dar respuestas efectivas a las familias de las víctimas; pero sobre todo, a atacar sus raíces. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador eludieron el problema. Ahora corresponde a la presidenta Claudia Sheinbaum afrontar la crisis sin dilaciones ni pretextos. De lo contrario, la escalada de desapariciones se convertirá en uno de sus mayores lastres. La decepción y el descontento, llevados a las urnas, socavan a cualquier partido. Morena no está exento.
