Demandan medidas urgentes para garantizar movilidad segura y prevenir accidentes de tránsito
Organizaciones que luchan por la seguridad vial piden a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a todas las autoridades del Poder Ejecutivo que se garantice el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial de todas las personas, tal y como lo manda el artículo 4 Constitucional.
Señalan que se requieren acciones contundentes y la adopción cabal del enfoque de sistema seguro como lo establece la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para cumplir con el compromiso signado por México en el Segundo Decenio de Acción por la Seguridad Vial de las Naciones Unidas 2021-2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: reducir, al menos a la mitad, las muertes y lesiones por siniestros viales para el año 2030.
En México, los siniestros de tránsito cobran anualmente la vida de más de 16 mil personas, causando lesiones a 142 mil y produciendo discapacidad permanente a 40 mil personas. Además del imponderable sufrimiento humano que causa, provoca altísimos costos económicos a la sociedad y al Estado Mexicano, estimados entre el 1% y el 3.5% del PIB.
"Esta es una emergencia de salud pública que exige una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades. La evidencia internacional, respaldada por la Organización Mundial de la Salud, confirma que estas muertes y lesiones son prevenibles", expresan las 63 organizaciones, entre las cuáles se encuentra el colectivo ciclista lagunero Ruedas del Desierto.
Ante este contexto y reconociendo la importancia de la convocatoria nacional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, las organizaciones firmantes presentaron algunas propuestas clave en materia de movilidad y seguridad vial.
En el eje de Desarrollo con Bienestar y Humanismo, piden establecer medidas integrales para disminuir los siniestros viales derivados del exceso de velocidad y por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, con énfasis en áreas urbanas de alta incidencia; actualizar el marco normativo que regula los vehículos motorizados de dos y cuatro ruedas, para priorizar la protección de los usuarios vulnerables, protegiendo con ello a todos los usuarios de la vía; promover la formación de conductores responsables mediante capacitaciones rigurosas y estrictas, evaluaciones periódicas tanto teóricas como físicas, psicológicas y de capacidades para la obtención de licencias de manejo; proteger a las infancias que viajan en auto.
En cuanto al eje de Economía Moral y Trabajo, proponen financiar la movilidad segura con énfasis en el desarrollo del transporte público, infraestructura segura que contemple y perdone el error humano y que cree espacio seguros para peatones y accesible a personas con discapacidad; promover la modernización de las flotillas públicas con enfoque en seguridad vehicular, eficiencia, sostenibilidad y desempeño ambiental; implementar una etiquetado nacional de seguridad vehicular que informe a los usuarios sobre el desempeño de protección y especificaciones de seguridad de cada vehículo; mejorar la capacidad de respuesta a los servicios de emergencia para atender siniestros viales con énfasis en zonas de alta incidencia.
Las organizaciones exponen que la inclusión de estos objetivos en el PND 2025-2030 fortalecerá el trabajo ya iniciado, asegurando que los derechos adquiridos se traduzcan en políticas públicas efectivas y duraderas, priorizando la vida, la salud y la inclusión de grupos vulnerables como niños, niñas, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.
