La Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida celebra la decisión de buscar el logro, finalmente, de la Ley General de Aguas (LGA), la cual según la Constitución debe sentar las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación ciudadana y gubernamental. Sin embargo, alerta que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está realizando foros con la propuesta de mantener la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Bajo su esquema, una ley trataría temas de pueblos indígenas y participación, y la otra conservaría el sistema de concesiones y la privatización de los Distritos de Riego.
El 22 de enero, la Coordinadora empezó a desplegar una campaña de cartas, a través de la plataforma digital actionnetwork.org, con la cual busca fortalecer a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las presiones de la hidrocracia.
Las cartas van dirigidas a la Presidencia de México, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Conagua, a nombre de Guardianes del Agua en exigencia de Ley General de Aguas ya.
El 18 de enero, en la mesa de Agua del foro comunitario y ciudadano para generar aportes para el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, coordinado por el economista Andrés Barreda Marín en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la integrante de Agua para Todos y ex subdirectora general de la Conagua, Elena Burns Stuck, estableció la premisa.
Habló de la pertinencia de apoyar procesos de planeación hídrica desde las comunidades para restaurar las cuencas, el tener un buen gobierno en la materia y la premisa de que el vital líquido es uno y, por lo tanto, "sólo puede haber una ley de aguas".
Mantener, revisada y reformada, la Ley de Aguas Nacionales fue, sin embargo, una política de la coalición electoral Morena-PT-Verde durante el proceso electoral de 2024, alianza convertida ahora en Gobierno de México y mayoría en la LXVI Legislatura.
En los "100 pasos para la transformación", eje de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales, la mencionada alianza electoral consideró lo siguiente en 2024 con referencia al agua: "Debemos revisar las leyes en la materia para proteger el derecho humano al agua, asignar los derechos de uso de una forma justa y asegurar que el agua continúe siendo patrimonio de México".
"Es una visión -dijo- bajo la cual desarrollaremos la infraestructura que se requiere para que el agua se use de manera eficiente en el campo y para llevar agua responsablemente a donde se necesita, para sanear nuestros cuerpos de agua, para regenerar y para cuidar las fuentes".
En las propuestas y acciones de gobierno, enunció: "Transformar para fortalecer las reglas y las instituciones del agua. Las instituciones y las leyes que rigen el sector deben evolucionar para asegurar que todos y todas las mexicanas tienen asegurado su derecho al agua".
Ahora, ya como Gobierno de México, considera en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, en su política para ordenar las concesiones, "reformar la Ley de Aguas Nacionales y Ley General para que no haya más transmisiones entre particulares".
Es decir, dos leyes de agua.
Lo cierto es que abrogar la Ley de Aguas Nacionales y emitir la Ley General de Aguas es un mandato constitucional.
No obstante, para el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, que es de febrero a junio de 2025, el dictamen de la Ley General de Aguas no aparece en la lista.
No es la primera vez que esto sucede. Como ejemplo, ya en febrero de 2023, en Comisiones de la Cámara de Diputados se pretendió mantener la Ley de Aguas Nacionales y aprobar una Ley General de Aguas engañosa, que intentaría reducir el derecho humano al agua a un número de litros por habitante-día.
En aquella ocasión, la fracción parlamentaria de Morena en el Senado anunció su propósito de lograr una Ley General de Aguas, pendiente desde 2013, que abrogara la Ley de Aguas Nacionales; en tanto, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados pretendía mantener la Ley de Aguas Nacionales y aprobar una Ley General de Aguas engañosa.
Dos visiones estaban en juego, enfrentadas.
Por un lado, los que buscaban perpetuar la neoliberal Ley de Aguas Nacionales, promulgada por Carlos Salinas de Gortari en 1992, que sujetó las aguas de la nación a un sistema de concesiones concebidas como bienes de mercado y distribuidas en orden de solicitud, cobijados por la Barra Mexicana de Abogados.
Convergían ahí los grandes usuarios, las mineras y otras industrias contaminantes, los grupos de poder que controlan los Distritos de Riego, las inmobiliarias, los bancos, los bufetes-coyote y funcionarios públicos.
Por otro lado, estaban quienes han exigido abrogar la Ley de Aguas Nacionales y aprobar una Ley General de Aguas centrada en el acceso equitativo y sustentable con participación gubernamental y ciudadana como mandata el artículo 4 de la Constitución, los cuales tras una década de trabajo colaborativo habían presentado ya una iniciativa en el Senado calificada por Pedro Arrojo, Relator de la ONU para el Derecho Humano al Agua, como ejemplo para el mundo.
Convergían ahí las fuerzas productivas agrícolas e industriales, poblaciones populares y de clase media de las grandes urbes, comunidades afectadas, comunidades indígenas, núcleos agrarios, habitantes de las ciudades en donde se ha privatizado y donde se buscaba privatizar los servicios de agua, los sistemas comunitarios de agua, comunidades afectadas por la minería e industrias acaparadoras y contaminantes; ríos, manantiales, lagos, acuíferos, humedales y los ecosistemas vitales que dependen de ellos.
En todo este proceso, el pueblo de México ha exigido desmontar el andamiaje neoliberal en el sector agua.
En todo lo que va del siglo XXI y con énfasis a partir del 2018, ha considerado que es momento de reemplazar la Ley de Aguas Nacionales salinista, con la Ley General de Aguas que México necesita.
El agua es una. Una sola ley.
@kardenche
