El informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado esta semana por Transparencia Internacional (TI), pone en evidencia el importante desafío que tiene nuestro país en materia de integridad. Con una calificación de 26 sobre 100, México se encuentra en la posición 140 de 180 países evaluados. En el año anterior, 2023, la calificación fue de 31 puntos, colocándose en el lugar 126, lo cual significa que en 2024 hubo un retroceso de 5 puntos y una pérdida de 14 posiciones entre los países evaluados. Estos resultados colocan a nuestro país en el mismo nivel de percepción de corrupción que Camerún, Irak, Madagascar, Nigeria y Uganda. De igual forma, México se encuentra en la posición 28 de 32 países del continente evaluados, en la última posición de los países de la OCDE y en penúltimo lugar entre las 20 economías más grandes del mundo. También llama la atención que el puntaje de 2024 es el más bajo de estos últimos 12 años, tiempo en el que se han presentado casos emblemáticos de corrupción como Odebrecht, la Estafa Maestra y Segalmex.
Estos resultados nos obligan a hacer una reflexión profunda sobre las áreas en las que podemos mejorar para hacer del nuestro un Estado más íntegro y transparente. En este sentido, el INAI ha jugado un papel fundamental al garantizar que la ciudadanía pueda acceder a información sobre el actuar gubernamental, necesaria para la rendición de cuentas, por lo que la próxima extinción de este Instituto plantea la necesidad de asegurar que sus funciones continúen operando con eficacia y autonomía.
En su análisis, Transparencia Mexicana, que es el capítulo nacional de TI, advierte que una de las claves para entender estos resultados es la incertidumbre sobre el alcance y la implementación de las reformas en materia de transparencia, anticorrupción y al Poder Judicial. Por eso el compromiso con la transparencia debe permanecer como una prioridad, y es fundamental garantizar la continuidad de estos derechos en un marco de certeza y confianza para la sociedad. En este sentido, es necesario que cualquier reorganización institucional considere las mejores prácticas internacionales y garantice que la ciudadanía seguirá contando con instancias efectivas de transparencia y acceso a la información.
Sin embargo, la percepción de la corrupción no sólo depende de la existencia de instituciones, sino también de la consolidación de una cultura de integridad en todos los ámbitos de gobierno. Para ello, es fundamental continuar impulsando las políticas anticorrupción, promover la transparencia en la gestión pública y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Desde el servicio público, tenemos la responsabilidad de redoblar esfuerzos para que México avance en esta materia y logre mejores evaluaciones en el futuro, sin olvidar que la rendición de cuentas es un compromiso compartido entre autoridades, sociedad civil y sector privado.
El reto es significativo, pero también es una oportunidad para innovar y consolidar un modelo de gobernanza que garantice el derecho de acceso a la información y fortalezca la lucha contra la corrupción. Con un enfoque colaborativo y con el compromiso de todos los sectores, México puede seguir avanzando hacia un futuro -¿por qué no?- libre de corrupción.
