Tengo para mi que el anunciado Plan México es, sobre todo, una respuesta estratégica y plausible frente a la coyuntura sumamente convulsa e incierta que se vive con la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Este Plan es un documento bien estructurado que aborda acertadamente los principales retos del país, además lo hace con objetivos claros, medibles y, por lo tanto, evaluables. En materia educativa se plantea ampliar la oferta a nivel superior en 85%, principalmente a partir de la expansión por todo el territorio nacional de la Universidad Rosario Castellanos, dado que será la única institución de educación superior con presupuesto para hacerlo. Desde luego que es una buena noticia ampliar la oferta educativa universitaria del país, el acceso a la educación es un derecho humano fundamental reconocido por la UNESCO y el Estado mexicano debe tutelar su cumplimiento.
No obstante, algo que suele pasar desapercibido en este tipo de planes es que las metas no solo permiten conocer en qué medida los objetivos se logran (o no), sino que al marcar el punto de llegada también generan una serie de incentivos en el camino de alcanzarlos, algunos de ellos no previstos o no deseados. Es decir, la meta de ampliar la oferta universitaria para 330 mil estudiantes adicionales es un indicador de cantidad, más no de calidad. Tenemos décadas en las que pareciera que el indicador por excelencia para evaluar nuestro sistema educativo en cualquier nivel es la eficiencia terminal: cuántos alumnos egresaron respecto de los que ingresaron.
Este reto cuantitativo bien puede convertirse en una oportunidad cualitativa, ya que la ampliación de la oferta no es excluyente de una mejor calidad educativa, más si se trata de un nuevo sistema universitario que no tiene que luchar contra las inercias perniciosas y los vicios presentes en cualquier institución o sistema de educación superior. De ahí la importancia en el diseño y la implementación de esta política pública, puesto que sería lamentable desaprovechar esta gran “cruzada” por la educación superior únicamente con el propósito de cumplir con los números. Si bien el acceso a la educación es un derecho, la educación de calidad es un imperativo en una sociedad como la nuestra con serias deficiencias en la materia: tercer país peor evaluado en matemáticas y en comprensión de lectura, y último en ciencias dentro de los miembros de la OCDE.
Sin el capital humano necesario y suficiente otros objetivos del Plan México como la política industrial y de crecimiento económico, así como las metas en ciencia y tecnología serán difíciles de alcanzar y, más aún, de sostener en el tiempo.
Dr. Mauro Soto RubioInvestigador y consultor en economía y políticas públicas