En este mundo cambiante, diferente al pasado, los océanos y espacios marítimos, las superficies, zonas costeras, islas, recursos y fondos marinos están cobrando una mayor importancia. Ahí están registrándose las más inquietantes confrontaciones de esta nueva época. En torno a ellos están las crecientes disputas por el control y la explotación de los recursos del Ártico; los ataques a instalaciones en el mar Negro o los sabotajes a cables submarinos en el mar de Norte; los asaltos contra buques mercantes en el mar Rojo o las tensiones geopolíticas en el mar meridional de China, que no se limitan a Taiwán. Numerosos factores e intereses están en juego, no sólo la libre navegación, la seguridad fronteriza marítima y aérea, la defensa naval, sino la búsqueda de un predominio de los mares en ciertas regiones, o las ambiciones territoriales estadounidenses, francamente infundadas, para comprar Groenlandia o reapropiarse del canal de Panamá. Un conjunto de desafíos para la seguridad nacional de múltiples naciones se están configurando respecto de los océanos y los mares, habiendo múltiples riesgos y oportunidades derivados del cambio climático.
Un corolario de lo anterior, más próximo a los desafíos presentes para México, son, por una parte, la presencia actual de dos navíos de guerra estadounidenses en aguas internacionales del Pacifico mexicano y en aguas territoriales estadounidenses al sur del Golfo de México, en un inusual despliegue simultáneo dispuesto por el Pentágono y el Comando Norte ejecutando una orden del presidente Trump. Se trata de dos destructores con misiles guiados que cuentan con sendos destacamentos especializados, destinados a trabajar en colaboración con navíos de la Guardia Costera, cuyos objetivos expresos son la interdicción de drogas, armas e inmigrantes ilegales, así como llevar a cabo acciones contra la piratería, de protección de fuerzas militares, contra organizaciones terroristas, teniendo capacidad de respuesta rápida con fines humanitarios. Por la otra, están los ejercicios navales binacionales, este mes, en el centro de adiestramiento de la isla Santa Margarita en Baja California Sur, con la participación de 155 marines estadounidenses (aprobada por el Senado mexicano) junto con cientos de efectivos de la Armada de México cuyo objetivo es poner a prueba y desarrollar la interoperabilidad en acciones anfibias de enfrentar amenazas comunes.
Simplemente no podemos desconocer que México tiene 11,122 kilómetros de litorales, sin contar sus territorios insulares, encontrándose los más extensos sobre el Pacífico, 7,828 km, en el largo litoral continental y el Golfo de California y 3,294 km sobre el océano Atlántico, en el Golfo de México y el mar Caribe. De las 32 entidades federativas, 17 tienen territorios costeros, ubicados en 264 municipios (151 frente al mar y 113 con acceso y una marcada influencia costera y marítima), donde habitan 55 millones de personas. Sin embargo, a pesar de tener dos grandes penínsulas (Yucatán y Baja California), además de esos dos golfos semicerrados y una extraordinaria riqueza energética, pesquera, biótica, social y cultural en nuestras costas y aguas nacionales, a lo largo de la historia, el país creció dándole la espalda al mar.
Por ello resulta absolutamente prioritario cobrar plena conciencia de que somos un país bioceánico, uno entre las 21 naciones del orbe con esa destacadísima característica. Somos el segundo país bioceánico en importancia en el continente americano, sólo después de Canadá e incluso antes que Estados Unidos, Brasil o Argentina. En los territorios costeros mexicanos además de cientos de playas, bahías, esteros y lagunas, hay puertos, administraciones portuarias y terminales marítimas, además de una mega biodiversidad marina donde se encuentran 750 mil hectáreas de manglares, cientos de ecosistemas, entre ellos el gran arrecife mesoamericano en el mar Caribe, considerado la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo.
Si se toma en cuenta lo señalado anteriormente, resulta necesario retomar la iniciativa de ley presentada y aprobada en la pasada legislatura, cuyo propósito fue decretar una política marítima nacional, como una política de Estado. Hoy es más urgente que nunca revisarla, puesto que desde hace algunos años, la Secretaria de Marina - Armada de México juega un papel fundamental no sólo respecto de las tareas de seguridad interior y protección de los mares y litorales, sino participa directa y activamente en los proyectos y planes de desarrollo de infraestructura regional, de logística y transporte, de administración, construcción, ampliación y modernización de las capacidades portuarias y marítimas en Manzanillo, Veracruz, Acapulco, Ensenada, Altamira, Progreso y Puerto Chiapas. Teniendo asimismo la responsabilidad de las operaciones del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y no sólo de su seguridad integral, estando a su cargo la vinculación ferroviaria estratégica de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, que incluyen el funcionamiento de 10 polos de desarrollo con incentivos fiscales, componentes claves para detonar la conectividad e industrialización sustentable del Sur Sureste de México.
Debido a una muy desaseada técnica legislativa y a las prisas del cambio de administración, no debieran encallar los intereses marítimos nacionales identificados en el decreto del 30 de septiembre del 2024: seguridad marítima, sistema portuario nacional, protección marítima y portuaria, cultura marítima, industria naval, recursos naturales marinos, comercio marítimo, marina mercante, medio ambiente marino y turismo náutico.
Tampoco debieran naufragar en la indefinición burocrática las facultades ampliadas de la Secretaría de Marina Armada de México en aras de cumplir las obligaciones con la Organización Marítima Internacional. Ahí están como garantes la Universidad Naval y el Centro de Estudios Superiores Navales que con gran acierto han desarrollado un sólido pensamiento estratégico.
@JAlvarezFuentes
