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Verdad amarga

En México no llegaron todas

ENRIQUE SADA SANDOVAL

Según datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México, a finales de 2022 se contabilizaban más de 107,000 personas desaparecidas donde el 25% son mujeres, con la desaparición de nueve al día y un incremento del 10% desde 2018, terminando el sexenio pasado con más de 120,000 desaparecidos oficiales.

En vista de lo anterior, en nuestro país se han formado colectivos de madres y familiares que buscan a personas víctimas de desaparición forzada sin otro interés de fondo más que el derecho a la verdad y la justicia. Algunos ejemplos son Mariposas Buscando Corazones y Justicia, Madres y Guerreras Buscadoras, Ángeles de pie por ti y Corazones sin Justicia, entre otros tantos.

A diferencia de los falsos movimientos de protesta que sobreabundan en esta fecha donde se da rienda suelta al vandalismo camuflado de "defensa de la mujer" -pagado por grandes empresas transnacionales a manera de negocio como OXFAM y Planned Parenthood- la labor de las Madres Buscadores que carece de todo tipo de apoyo gubernamental ha sabido mantenerse en pie por su propia cuenta.

La lucha no ha sido fácil: algunas madres buscadoras se han tenido que amparar ante el Poder Judicial para que el Estado Mexicano continúe con la búsqueda de sus hijos tras quitarlos del Censo oficial de desaparecidos, con lo que no sin razón acusan ser víctimas de lo que ellas denominan trágicamente como una "doble desaparición" de los suyos.

La búsqueda es una labor compleja y altamente peligrosa. Como consecuencia de su organización y activismo, numerosas madres y familiares han recibido amenazas de muerte y varias han sido asesinadas como es el caso de Arantza Ramos Gurrola, quien buscaba a su esposo y fue asesinada en 2021 tras haber participado en un día de búsqueda en campo en Ejido Ortiz, donde ya se han encontrado varios crematorios clandestinos, y que es calificado como un lugar de "exterminio activo".

Como ejemplos de lo anterior se suman el de Rosario Lilian Rodríguez Barraza, quien buscaba a su hijo desaparecido y fue asesinada el 30 de agosto de 2022, el propio Día Internacional por las Víctimas de Desaparición Forzada; o el María Carmela Vázquez, asesinada a finales de 2022 por buscar a su hijo desaparecido, y a quien antes ya habían asesinado a su hija Lesly Zuñiga por la misma causa. De aquí que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México subraya las condiciones de inseguridad que sufren las madres y familias buscadoras, exigiendo al Gobierno Federal el apoyo estamental que el presidente anterior les estuvo negando sistemáticamente.

Y es que este 8 de Marzo el panorama para las mujeres en general en nuestro país no puede presentarse ante la opinión pública y ante los ojos del mundo sino como algo desolador. Integrantes de colectivos de madres buscadoras de Sonora, Chiapas, Oaxaca y Estado de México realizan acciones de protesta frente a Palacio Nacional, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Quedan también cerradas las puertas de la Justicia a partir de las instituciones públicas en los tres niveles de Gobierno donde resulta más fácil permitir actos vandálicos que ejercer Justicia con las víctimas, hacer entrega de tarjetas multicolores donde se les entrega un "salario rosa" para tratar de sobornar la opacidad y el hambre, o donde se les ofrecen puestos clave de manera excluyente sin importar la trayectoria o la capacidad laboral comprobable a través de ominosas "cuotas de género" de una manera insultante; esto es, como si el solo hecho de ser mujer fuera una discapacidad que por su naturaleza misma no les permitiría competir en condiciones de perfecta igualdad y potencial ante un hombre con el mismo bagaje de estudios.

No cabe duda que a diferencia de la retórica hueca con la que el régimen gusta adornarse en nuestro país, no llegaron todas: siguen a la espera en la puerta de Palacio Nacional todas las Madres Buscadoras que no encuentran a alguno de sus hijos, a las que se les niega no solo ser recibidas en un recinto oficial que nos pertenece-al menos en teoría-a todos los mexicanos y no solo a una casta política.

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