Son tiempos difíciles, particularmente confusos e inciertos los que se viven en Estados Unidos. Traerán serias disrupciones internas e impactarán sus relaciones con el mundo. Habrá repercusiones para México y para los mexicanos, allá y acá. Por ello, en nuestro país, se requieren visiones amplias y claras, en los gobiernos, las empresas, las organizaciones y en la sociedad. Necesitaremos preparativos y planes, capacidad de negociación y diálogo para enfrentar la imposición de aranceles a exportaciones mexicanas, resistir presiones y deportaciones masivas de migrantes y sortear un conjunto de amenazas relacionadas con la detención no sólo de los flujos migratorios, sino combatir frontalmente el tráfico de drogas y personas -en particular de fentanilo- rechazando otras posibles acciones, incluso unilaterales, contra los cárteles narcotraficantes mexicanos.
El presidente Donald Trump decretó la semana pasada congelar los 6.7 mil millones de dólares, aprobados por el Congreso en 2024, destinados a brindar asistencia y ayuda federal a fin de obligar a todos los departamentos y agencias federales a suspender por completo los desembolsos del gasto, los préstamos y las subvenciones. La decisión contempla revisar la actuación del gobierno federal y la ejecución del gasto para alinearlos con las directrices y prioridades fijadas por Trump mediante cientos de ordenes ejecutivas y decretos, explícitamente contrarias al combate al cambio climático y a los programas de diversidad, equidad e inclusión social. La medida de política interna busca detener el acceso a fondos federales para los programas de ayuda a gobiernos estatales y locales, entidades educativas y pequeñas empresas, entre los cuales se encuentran aquellos programas vinculados con la transición energética. Un juez federal ordenó la suspensión inmediata del decreto hasta este lunes 3 de febrero.
Varias ONG y grupos empresariales presentaron una demanda contra la Oficina de Presupuesto del Gobierno Federal, intentando bloquear esa orden del Ejecutivo, quien efectivamente si tiene la capacidad legal de aplazar o cancelar el gasto federal, pero sólo puede hacerlo en determinados casos y siguiendo procedimientos específicos. Trump, a recomendación de Elon Musk, su asesor y funcionario designado para determinar la eficiencia y regular el gobierno o adelgazarlo, ha considerado también eliminar la agencia federal responsable de financiar la asistencia de emergencia a zonas y poblaciones afectadas por desastres naturales.
El decreto bloqueado es similar a otra orden ejecutiva mediante la cual quedó suspendida la ayuda estadounidense al exterior, en sus distintas modalidades, incluyendo la entrega de suministros médicos que mantienen con vida a millones de personas en el mundo, con la sola excepción de la entrega de emergencia de alimentos, pero sin afectar para nada la ayuda militar a Israel, Egipto y Ucrania. Proveedores y contratistas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. fueron notificados intempestivamente que debían cesar de trabajar inmediatamente. Decenas de funcionarios y empleados fueron suspendidos, habiendo denunciado, luego de que sus oficinas y comunicaciones fueran intervenidas, que lo que se está ocurriendo es un desmantelamiento desordenado de la agencia. La medida amenaza con detener la gestión de más de 60 mil millones de dólares destinados a financiar proyectos de salud, -especialmente programas de vacunación-, de educación, desarrollo, capacitación y regulación laboral, impartición de justicia, combate al tráfico de drogas, lucha contra la corrupción y seguridad.
La ayuda estadounidense a México, solicitada por la pasada administración demócrata, etiquetada en 109 millones de dólares, contemplaba 54 millones para un fondo de ayuda económica y 55 millones para el control de narcóticos, el fortalecimiento del Estado de derecho y la aplicación de la ley, quedará suspendida. Según fuentes legislativas estadounidenses, la transferencia de materiales y equipos deberá revisarse en un lapso de tres meses, prevaleciendo el intercambio de información en materia de seguridad.
El proyecto de Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones en el Exterior y Programas Relacionados para 2025, refiere, por una parte, que el Departamento podrá retener un 30% de la asistencia a México, hasta que el Secretario de Estado "certifique que el gobierno mexicano ha tomado medidas en los últimos 12 meses para reducir la cantidad de fentanilo que llega a la frontera, desmantelar organizaciones criminales transnacionales, apoyar las operaciones antinarcóticos conjuntas y el intercambio de inteligencia con Estados Unidos, respetar las solicitudes estadounidenses de extradición y aumentar la colaboración antinarcóticos a nivel federal y estatal". Por la otra, según fuentes de prensa "ninguno de los fondos asignados puede ponerse a disposición para la asistencia a México hasta que el Secretario de Estado certifique que Estados Unidos y México han celebrado un acuerdo para equilibrar el déficit en la entrega de agua a Estados Unidos por parte de México de conformidad con el Tratado de 1944."
Las órdenes de Trump, mal preparadas y ejecutadas, para reformar o cambiar en forma drástica las operaciones, formas y reglas de financiación del gobierno federal estadounidense, así como para nulificar la ayuda internacional o desarticularla de su política exterior, extirpándola de su acción diplomática han generado ya importantes reacciones y diferencias en el Congreso, habiendo tomado por sorpresa a algunos de sus aliados republicanos y alentado a los demócratas a contraatacar.
Destruir la USAID así es ilegal e inconstitucional. Sólo el Congreso está facultado para determinar la permanencia o el cierre de operaciones de la agencia. Sin ella, los estadounidenses enfrentarán más riesgos de enfermedades, hará a millones de personas más pobres en el mundo, intensificará las crisis globales económica y climática, desestabilizará muchas sociedades y tornará a cientos de miles de personas en refugiados.
@JAlvarez Fuentes
