Por irregularidades de programa federal, piden hacer ajustes en reglas de operación. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El hecho de que el Gobierno federal haya dejado en manos de los padres de familia la definición de las obras que se realizan con el programa de La Escuela es Nuestra ha traído complicaciones a la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED).
El titular de la dependencia educativa, José Guillermo Adame Calderón, dijo que espera este año, la Federación permita al personal directivo de las escuelas públicas de nivel básico formar parte de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) para la administración y correcta aplicación de los recursos públicos que se otorgan y que van desde los 200 hasta los 600 mil pesos.
En la entidad, se tienen documentados alrededor de 100 casos de denuncias por presunto mal manejo de los recursos federales por parte de los padres de familia. Según el secretario, hay 60 quejas que se registraron en la región Lagunera y los motivos principales fueron por falta de calidad y precios inflados de las obras, así como sustracción del dinero.
El funcionario destacó la necesidad de que el Gobierno de México realice una modificación a las reglas de operación de dicho programa federal a fin de que "el director del plantel participe también en la definición de las obras para que se hagan con calidad y también para que los recursos no solo estén al alcance de los padres de familia porque también ha existido ocasiones en que en algunas situaciones se han retirado (de la escuela) prácticamente con el dinero".
El pasado 13 de febrero de este año, la Secretaría de Gobernación federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Reglas de Operación del Programa La Escuela es Nuestra (PLEEN) para el ejercicio fiscal 2025.
Señalan que los recursos serán ejercidos en común acuerdo por las Comunidades Escolares a través del CEAP, para que mejoren sus servicios escolares, equipen, rehabiliten y/o amplíen las condiciones físicas del plantel. Los montos se asignan de acuerdo al número de alumnos inscritos y los criterios de priorización son aquellos planteles ubicados en localidades con índices elevados de marginación, o planteles en localidades con índices elevados de rezago social. Así como los CAM, escuelas que no han recibido el recurso en los últimos tres años y planteles con mayor carencia de servicios: agua potable, electricidad, lavamanos, infraestructura para discapacidad, materiales para discapacidad, internet y computadoras, entre otros.
Según los lineamientos, los CEAP, son los únicos y absolutos responsables de mantener la documentación original que justifique y compruebe el ejercicio de los recursos del subsidio, así como de presentarla a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten y/o en su caso a Bienestar y/o a la Dirección General de La Escuela es Nuestra.
Por tratarse de un subsidio, los recursos se consideran devengados al momento de ser ministrados a los CEAP y mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de aplicación, ejecución, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, por lo tanto, podrán ser revisados y auditados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o instancia fiscalizadora correspondiente que se determine, por el Órgano Interno de Control en la SEP, por la SHCP, por la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes.
