Fotos: cortesía Familia Pasta de Conchos
Familia Pasta de Conchos denuncia que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compra carbón extraído en minas peligrosas. Permite a los dueños prácticas económicas e inseguras para extraer el mineral, poniendo en riesgo la vida de sus trabajadores.
Sabinas, San Juan de Sabinas y Progreso son municipios más afectados de la Región Carbonífera por accidentes mineros. Estos casos evidencian condiciones laborales peligrosas y falta de medidas de seguridad.
Desde finales del siglo 19 y hasta la fecha, la región carbonífera enfrenta múltiples tragedias. De las últimas descartan algunas. El 25 de enero año 1988 la mina de carbón Cuatro y Medio explotó por acumulación de gas. 88 mineros fueron rescatados con vida pero 37 fallecieron. Las cuadrillas de rescate de las minas de la región recuperaron los cuerpos.
El 19 de febrero de 2006 una desastre en la mina 8 de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, dejó 65 mineros atrapados. Solo dos cuerpos han sido recuperados.
En 2022, la mina El Pinabete, en Villa de Agujita, municipio de Sabinas, sufrió una inundación. Diez mineros quedaron atrapados. Dos años después, solo cinco cuerpos fueron recuperados por rescatistas.
A través de la red X, antes Twitter, la organización Familia Pasta de Conchos proponen una transición justa para dejar el uso de carbón. Que se fomenten empleos dignos en la Región Carbonífera.
La organización asegura que la CFE debe asumir su responsabilidad en el proceso. La paraestatal es la consumidora de carbón mineral. Lo compra a pequeñas minas y “pozos” que trabajan sin las medidas de seguridad para sus trabajadores.
En todos los desastres registrados el mineral extraído de minas que explotaron, se inundaron o colapsaron era para abastecer a Comisión Federal de Electricidad.
“La CFE es la principal compradora de carbón a minitas y pozos peligrosos e inseguros. México debemos abandonar de manera justa el uso del carbón mineral, y CFE debe asumir su responsabilidad para hacerlo posible” señala una de sus publicaciones compartidas.
La ONG exige garantizar la seguridad de los trabajadores. También busca promover alternativas económicas sostenibles que eliminen la dependencia de prácticas extractivas peligrosas.
Tragedias como Pasta de Conchos y El Pinabete no deben repetirse. Familiares y mineros piden soluciones urgentes para proteger vidas y mejorar condiciones laborales.
Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se modificaron los esquemas de contrato para la adquisición de carbón para las plantas termoeléctricas José López Portillo y Carbón II, ubicadas en Allende, Coahuila.
Sin embargo, las modificaciones no trajeron cambios sustanciales.
La calidad de vida de los trabajadores del carbón, en extremo precaria, contrasta notablemente con las inmensas fortunas que amasan los dueños de las minas.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha documentado irregularidades en las medidas de seguridad de varias de estas empresas, principalmente en las llamadas “pósitos”, que son más rudimentarias.
Sin embargo, empresas nacionales como Grupo México también han sido señaladas por esos fallos y han protagonizado accidentes fatales con decenas de mineros muertos, como en Pasta de Conchos.
Pese a todo, ningún dueño de minas o directivo de estas empresas ha pisado la cárcel por la muerte de los trabajadores mineros por su fatal negligencia.
Familia Pasta de Conchos exige un trato digno para los trabajadores del carbón. Demanda también a la Secretaría del Trabajo supervisar las minas para que cumplan con las normas de seguridad.
La política internacional maneja el desuso del carbón mineral y la búsqueda de nuevas formas de energías no contaminantes.
Ante ello, Familia Pasta de Conchos pide una transición en la que no se pierdan los empleos de los mineros y se mantenga la economía de la Región Carbonífera de Coahuila.
