Fiscalía suma 12 denuncias tras desalojo en Ejido Nuevo Mieleras
Luego de los hechos violentos ocurridos en el Ejido Mieleras, en Torreón, durante un operativo de desalojo que resultó en la muerte de un ciudadano identificado como Rolando “N”, presuntamente a manos de un elemento del Grupo de Reacción Torreón, la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado informó que ya se han recibido 12 denuncias formales relacionadas con estos acontecimientos.
Carlos Rangel, titular de la Delegación, señaló que el número de denuncias podría seguir aumentando, ya que continúan atendiendo a los afectados de manera directa.
“Llevamos 12 denuncias y se están sumando más, hemos atendido personalmente a los ejidatarios, quienes nos han exigido justicia. Como se sabe, ya fue detenido el elemento involucrado en el homicidio; se le formuló imputación y permanece en prisión preventiva justificada”, explicó.
Como parte de la atención a la comunidad, la Fiscalía instaló siete módulos de atención ciudadana en puntos cercanos a las manifestaciones, donde agentes del Ministerio Público han estado recibiendo testimonios y denuncias de los afectados.
Las denuncias abarcan diversos delitos, como lesiones, amenazas y despojo, los cuales están siendo integrados a las carpetas de investigación correspondientes.
En una segunda manifestación, también se reportaron detenciones por parte de la Policía Municipal, de las cuales una persona fue puesta a disposición del Ministerio Público y otra ante el juez calificador; ambas fueron liberadas posteriormente, afirmó Rangel.
Además, se investigan agresiones contra integrantes de medios de comunicación que cubrían los hechos:
“Atendimos a los compañeros de prensa que reportaron agresiones. Estamos identificando a los responsables”, aseguró Rangel.
La corporación que intervino durante la manifestación fue identificada como perteneciente a la Policía Municipal, y ya se cuenta con datos de prueba para avanzar en la investigación.
Finalmente, el Delegado enfatizó que la Fiscalía no tolerará el uso indebido de la fuerza pública, especialmente cuando se trate de funcionarios con el deber de proteger a la ciudadanía.
“El homicidio que se registró tiene agravantes, por tratarse de un servidor público que debía resguardar la integridad de las personas. No se van a permitir este tipo de situaciones”, concluyó.
