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La organización civil Poder Ciudadano realiza diversas gestiones a nivel legislativo para que se regule el uso de vapeadores, abordando esta problemática desde tres ejes: salud pública, recaudación fiscal y seguridad.
A pesar de la prohibición de los cigarros electrónicos, conforme a las reformas constitucionales que se aprobaron recientemente, hay un uso excesivo de éstos, sobre todo entre adolescentes y jóvenes, de ahí la importancia de que se establezcan medidas para su regulación.
Como parte de estas gestiones, se celebró una reunión con los diputados federales Rubén Moreira y Verónica Martínez García, reiterando la urgencia de avanzar hacia una regulación efectiva. Los legisladores mostraron apertura para continuar el diálogo y coordinar acciones futuras, dio a conocer Gabriela Sterling, representante de Poder Ciudadano.
También se sostuvieron encuentros con Elías Lixa, coordinador parlamentario del PAN, y los diputados Guillermo Anaya Llamas, Marcelo Torres Cofiño, César Damián, Federico Döring, así como con el presidente nacional de dicho partido, Jorge Romero. En este caso, se presentó un enfoque integral de la propuesta ciudadana y se identificaron posibles vías de colaboración desde el Congreso.
Por parte de Movimiento Ciudadano, se llevó a cabo otra reunión con el diputado Pablo Vázquez, secretario general de Asuntos Legislativos, y la diputada Iris Reyes.
Ambos mostraron interés genuino en profundizar en el análisis del tema y coincidieron en la necesidad urgente de una regulación clara y responsable del uso de los vapeadores.
El organismo recabó más de 600 cartas de ciudadanos que respaldan la idea de que se legisle la regulación de dichos productos, con las que se apoyan dichas gestiones y con la intención de que se obtenga la respuesta esperada por parte de los diputados federales.
El 17 de enero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores y fentanilo ilícito y otras sustancias tóxicas, y la que también establece las sanciones para quienes produzcan, distribuyan, vendan o usen dichos productos.
Poder Ciudadano busca que se alerte sobre las consecuencias de dicha prohibición, pues el mercado negro crece y se financia, más menores acceden a estos productos, por lo que se pide a los legisladores que se apliquen medidas responsables que protejan a los menores y frenen el mercado negro.
