INE desecha solicitud de medidas cautelares contra diputado local y regidora
Al no acreditarse la violencia política en razón de género, el Instituto Federal Electoral (INE) desechó la solicitud de medidas cautelares en contra del diputado Antonio Attolini Murra y la regidora Judith Alejandra
Salazar Mejorado, queja que fue puesta por la senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano el pasado 14 de marzo.
Por lo anterior, el legislador Attolini Murra, informó que fue la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, quien resolvió desechar por improcedentes las medidas cautelares solicitadas en su contra, en el marco del expediente UT/SCG/PEVPG/CGGM/CG/8/2025, derivado de una denuncia presentada por una senadora de la República.
Explicó que la resolución del INE corresponde exclusivamente a la solicitud de medidas cautelares, y concluye que no se acreditó ninguna afectación directa ni diferenciada relacionada con violencia política en razón de género, por lo cual no proceden restricciones o medidas contra el diputado.
“El proyecto fue claro: no hay elementos que sustenten la existencia de violencia política en razón de género en mis declaraciones. Por tanto, no se impone ninguna medida cautelar. El debate, la crítica y la confrontación política no pueden confundirse con violencia”, afirmó.
Precisó que estará atento al desarrollo del procedimiento y a la resolución de fondo, la cual aún está pendiente de determinarse por parte de la autoridad electoral. Sin embargo, reiteró su plena confianza en que prevalecerá el respeto a la libertad de expresión y al derecho a la crítica como pilares fundamentales del debate democrático.
“Cuestionar públicamente a una figura con poder no constituye violencia. Limitar la expresión de un legislador por razones políticas sería un precedente grave para la democracia. Confío en que las instituciones actuarán con apego a la ley y respeto a los derechos de todos”, expresó.
Finalmente, reafirmó su compromiso con la igualdad, la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y la defensa del derecho a disentir como elemento central de la vida pública en México.
