Gabriela Sterling, presidenta de la organización civil Poder Ciudadano
La organización civil Poder Ciudadano informó que presentará una impugnación ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el mismo que busca restringir la participación de la ciudadanía con sanciones para quienes celebren reuniones con los candidatos a diversos cargos del Poder Judicial.
Gabriela Sterling, presidenta de la agrupación dio a conocer que con nuevas disposiciones que surgieron en días recientes, el árbitro electoral pretende prohibir a cámaras y organismos empresariales, así como de la sociedad civil, dar espacio a quienes buscan ocupar dichos cargos, una labor que se ha llevado a cabo para conocer sus trayectorias.
“Nos cambiaron la jugada, nosotros como organizaciones, igual las cámaras podían invitar a los candidatos”, mencionó, pero ahora el INE establece que se debe invitar al cien por ciento de los participantes, y que por lo menos tendría que asistir el 50 por ciento a foros o reuniones, de lo contrario los candidatos y los organismos podrían recibir una sanción.
Lo que plantea el INE es muy complicado, si se toma en cuenta que son unos 600 candidatos los que participan en esta elección; “es imposible invitarlos a todos, y si no llega la mitad de ellos, vamos a ser sancionados”, indicó Sterling.
Resaltó que ningún organismo tiene la capacidad para hacer foros que duren varios días para dar espacio a todos los contendientes, como pretende el INE, por lo que se preparan los recursos legales para impugnar esta nueva disposición.
Poder Ciudadano ya ha realizado algunos foros con varios de los participantes en el proceso electoral, pues la intención es conocer su trayectoria, experiencia y saber por qué buscan llegar a ocupar un cargo en el Poder Judicial.
“Los ciudadanos no sabemos todavía qué está en juego en la elección”, resaltó, al señalar también que son pocos los perfiles que están relacionados con actividades delincuenciales, según lo que se ha visto por parte de las organizaciones.
Entre 62 y 65 por ciento de candidatos no tienen afiliación política y tienen carrera judicial; sin embargo, un 15 o 20 por ciento vinculados a un partido o algunos que han tenido nexos criminales.
