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En un extraordinario desarrollo, un juez estableció el viernes que la fecha de sentencia del presidente electo Donald Trump en el proceso que se le sigue por hacer pagos para ocultar información desfavorable será el 10 de enero, poco más de una semana antes de que Trump regrese a la Casa Blanca, pero indicó que no será encarcelado.
Sin embargo, este desarrollo deja a Trump en camino de ser el primer presidente de Estados Unidos en asumir el cargo habiendo sido condenado por delitos graves.
El juez Juan M. Merchan, quien presidió el juicio de Trump, señaló en una decisión escrita que sentenciaría al ex y futuro presidente a lo que se conoce como descargo incondicional, en el que un proceso se cierra sin tiempo en prisión, multa o libertad condicional. Trump puede comparecer en forma virtual para la sentencia, si así lo decide.
Merchan escribió que buscó equilibrar intereses contrapuestos: la capacidad de Trump para gobernar “sin trabas” por el caso, el fallo de julio de la Corte Suprema federal sobre la inmunidad presidencial, la expectativa pública de que “todos son iguales y nadie está por encima de la ley”, y la importancia de proteger la “inviolabilidad de un veredicto del jurado”.
“Este tribunal simplemente no está convencido de que el primer factor pese más que los otros en esta etapa del procedimiento”, escribió Merchan en un fallo de 18 páginas.
Merchan rechazó la solicitud de Trump de desestimar el veredicto y desechar el caso por motivos de inmunidad presidencial y debido a su inminente regreso a la Casa Blanca. El juez dijo que no encontró “ningún impedimento legal para sentenciar” a Trump y que le “competía” a él sentenciar al presidente electo antes de su toma de posesión el 20 de enero.
“Sólo al finiquitar este asunto” se servirán los intereses de la justicia, escribió Merchan.
El director de comunicaciones de Trump, Steven Cheung, reiteró que el caso, que desde hace tiempo Trump ha dicho que es ilegítimo, debería ser desestimado por completo.
“No debería haber sentencia, y el presidente Trump continuará luchando contra estas farsas hasta que todas estén muertas”, declaró Cheung en un comunicado.
En mayo, Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificar registros comerciales. Estos involucraban un supuesto ardid para ocultar un pago a la actriz porno Stormy Daniels en las últimas semanas de la primera campaña de Trump en 2016. El pago se realizó para evitar que Daniels publicara afirmaciones de que había sostenido relaciones sexuales con Trump años antes, cuando ya estaba casado. Trump dice que la versión es falsa y que no cometió ningún delito.
Después de que Trump fue elegido el 5 de noviembre, Merchan suspendió los procedimientos y pospuso indefinidamente la sentencia para que la defensa y la fiscalía pudieran opinar sobre el futuro del caso.
Los abogados de Trump instaron a Merchan a desecharlo. Dijeron que de lo contrario ello representaría interrupciones inconstitucionales para la capacidad del presidente entrante de dirigir el país.
Los fiscales reconocieron que debería haber algún tipo de adaptación para su próxima presidencia, pero insistieron en que la declaración de culpabilidad debería mantenerse.
Sugirieron varias opciones, como congelar el caso durante su mandato o garantizarle una sentencia sin cárcel. También propusieron cerrar el caso mientras se dejaba constancia tanto de su declaración de culpabilidad como de su apelación no resuelta, una idea extraída de lo que algunos tribunales estatales hacen cuando los acusados fallecen mientras apelan sus casos.
Merchan falló que el actual estatus de Trump como presidente electo no le otorga el mismo tipo de inmunidad que se concede a un presidente en funciones y no requiere que el veredicto sea anulado ni que el caso sea desestimado, una noción que el juez describió como “drástica” y “rara”.
Hacer eso “socavaría el Estado de derecho de maneras inconmensurables”, escribió Merchan. Opinó que tampoco abordaría las preocupaciones de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial.
Trump, de 78 años, asume la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero. Es el primer expresidente que ha sido declarado culpable de un delito y el primer delincuente condenado en ser elegido para el cargo.
Su declaración de culpabilidad lo dejaba enfrentando la posibilidad de un castigo que iba desde una multa o libertad condicional hasta cuatro años de prisión.
El caso se centró en cómo Trump contabilizó el reembolso a su abogado personal por el pago a Daniels.
El abogado, Michael Cohen, le pagó a Daniels con su dinero. Luego lo recuperó a través de una serie de pagos que la compañía de Trump registró como gastos jurídicos. Trump, ya en la Casa Blanca, firmó la mayoría de los cheques él mismo.
Los fiscales dijeron que la designación tenía como objetivo ocultar el verdadero propósito de los pagos y ayudar a encubrir un plan más amplio para evitar que los votantes escucharan afirmaciones poco halagadoras sobre el republicano durante su primera campaña.
Trump dijo que Cohen recibió pagos legítimos por servicios jurídicos, y que la historia de Daniels fue suprimida para evitar avergonzar a la familia de Trump, no para influir en el electorado.
Trump era un ciudadano privado, haciendo campaña para presidente pero ni elegido ni juramentado, cuando Cohen le pagó a Daniels en octubre de 2016. Era presidente cuando reembolsó a Cohen, y Cohen testificó que hablaron sobre el arreglo de reembolso en el Despacho Oval.
Trump, un republicano, ha descrito el veredicto como el resultado “amañado, vergonzoso” de una “cacería de brujas” llevada a cabo por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata.
Antes de que Trump fuese elegido en noviembre, sus abogados intentaron revocar su condena por una razón diferente: una decisión de la Corte Suprema federal en julio que otorgó a los presidentes una amplia inmunidad frente a procesos penales. Esa solicitud aún estaba pendiente cuando la elección planteó nuevos problemas.
Mientras instaba a Merchan a anular la condena, Trump también procuró trasladar el caso a un tribunal federal, donde también podría afirmar tener inmunidad. Un juez federal dijo repetidamente que no, pero Trump apeló.
El caso de los pagos a cambio de silencio fue el único de los cuatro procesos penales contra Trump que llegó a juicio.
Desde los comicios, el fiscal especial Jack Smith ha puesto fin a sus dos casos federales. Uno se refería a los intentos de Trump para anular su derrota electoral de 2020; el otro alegaba que acumuló documentos secretos en su propiedad de Mar-a-Lago.
Un caso separado de interferencia electoral a nivel estatal en Georgia está en espera en gran medida.
Los abogados de Trump argumentaron que la decisión de Smith de desestimar las acusaciones federales contra Trump significaba que todos los casos penales contra él debían cesar de inmediato. Pero Merchan dijo que encontró ese argumento poco convincente, señalando que el caso en el estado de Nueva York de dinero a cambio de silencio estaba en una etapa “enormemente” diferente.
