En la columna anterior comentamos que en 2024 hubo pocos avances en la resolución de los principales problemas que conforman la agenda ambiental regional, pero también señalamos que hubo eventos, iniciativas, anuncios y otras acciones que indican más atención para abordarlos. Iniciamos con el tema de calidad del aire atmosférico, que cada vez más nos preocupa por la información que recibimos de fuentes oficiales y académicas, la cual, si bien es parcial e insuficiente por la escasa infraestructura de medición existente, nos indica un importante grado de contaminación y posibles afectaciones en la salud de quienes residimos en La Laguna. Esperemos que la atención en este tema sea más consistente y se asignen más fondos que respondan a la magnitud de los retos que enfrentamos aplicando las medidas regulatorias necesarias que mejoren su calidad.
Otro tema que ineludiblemente estará como un pasivo de la agenda ambiental regional este año y, quizás por muchos más, es el del agua. Durante gran parte de 2024, la información que fluye en los medios y en los espacios políticos y ciudadanos, refiere a las dificultades que enfrenta el programa Agua Saludable, ya desfasado de la pretensión original de iniciar a fines de 2023; lo hace en forma parcial durante 2024 con la potabilización de 62 Hm3 de los doscientos para los cuales fue diseñado, fluyendo agua a algunos espacios urbanos metropolitanos, pero rezagado en dos de los componentes que contenía el programa original: la rehabilitación de las redes hídricas urbanas y la tecnificación del distrito de riego 017. Ciertamente, como se esperaba, el costo inicial calculado en 11 mil millones de pesos, para 2024 se incrementó seis mil millones adicionales.
Aunado a este programa que constituye la principal medida de mitigación temporal de la crisis hídrica regional, los gobiernos locales enfrentaron, como los últimos años, la presión ciudadana por desabasto de agua en sus viviendas con más de trescientas protestas sociales, respondiendo con otras acciones de mitigación temporal como la perforación de nuevos pozos y el suministro en pipas. Hasta ahora las acciones de los tres niveles de gobierno han sido reactivas a las expresiones de la crisis hídrica regional, desde el ámbito oficial se ha evadido enfrentar el problema central en la gestión del agua en esta región, la sobreexplotación de los acuíferos.
Es en el segundo semestre de 2024 cuando se presentan eventos importantes que indican la posibilidad de buscar y aplicar medidas enfocadas a atender las causas estructurales de la crisis hídrica regional. Si bien existen diversos esfuerzos ciudadanos en los que enfrenta la problemática del agua en esta región, destacan dos de ellos que provienen desde el espacio ciudadano, por un lado, la conformación de un Consejo Ciudadano para la Paz y la Justicia Hídrica, como una instancia que encauzará este tema de la agenda ambiental lagunera a una escala nacional para incidir en el establecimiento de políticas públicas, encauzamiento que pretende abordar la problemática del agua de La Laguna en el marco del Acuerdo de Escazú, que marca directrices con una perspectiva de derechos humanos: al agua en calidad y cantidad, a la información, a la participación ciudadana y a la justicia hídrica.
El otro evento que proviene del espacio ciudadano, aún no formalizado en las instancias del poder judicial y por tanto no divulgado públicamente, es el inicio del diálogo con la instalación de mesas de trabajo que de cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recuperar el acuífero principal, entre la Comisión Nacional del Agua y las asociaciones civiles que promovimos el amparo que derivó en dicha sentencia, tema que se había rezagado durante más de una año por la evasión gubernamental del gobierno federal anterior de cumplir el mandato judicial. A la fecha ya se acordaron las bases para aplicar en 2025 las primeras medidas que conformen el programa conjunto que ordenó la Corte al gobierno federal desde junio de 2023, esperemos se apliquen en este año.
Un evento que emana desde el ámbito gubernamental federal, sobresaliente por el contenido anunciado, es el Acuerdo Nacional por el Derechos Humano al Agua y la Sustentabilidad, anunciado por la presidenta de la república a fines de 2024. Dicho Acuerdo contiene varios componentes que pretenden enfrentar la crisis hídrica nacional con repercusiones regionales, destacando el cambio del enfoque en la política hídrica nacional de gestionar el agua con una perspectiva de derechos humanos sustituyendo al uso mercantil, esperando un alineamiento con las directrices internacionales y no siguiendo el concepto neoliberal que favoreció el acaparamiento de este recurso por reducidas élites empresariales, en detrimento al abasto de agua para uso doméstico-urbano.
Otro componente del Acuerdo es la regulación de las concesiones de agua que se concedieron sin control y priorizando el uso mercantil de agua, que ha provocado un desorden en la gestión de este recurso, propiciado por un marco normativo favorable basado en la Ley de Aguas Nacionales de 1992. Para que se cumplan los objetivos del Acuerdo es indispensable reformar dicha ley. A la par de estas acciones que podrán sentar las bases de una gestión sostenible del agua, se anunciaron otras como la tecnificación de la mayor parte de los distritos de riego, entre ellos el 017 de la Comarca Lagunera, con la finalidad de mejorar la eficiencia en el uso que de ella se hace en la agricultura irrigada con agua superficial.
