Cuando en mis clases de historia en la secundaria nos enseñaron la leva, me pareció aterrador. En el siglo XIX y principios del XX ante la falta de reclutas voluntarios, el Ejército mexicano se llevaba por la fuerza a jóvenes campesinos. Se presentaba en clase como algo normal.
La leva hoy la ejecuta el crimen organizado ante la mirada cómplice u omisa de las autoridades de los tres niveles de gobierno. El federal aclara una y otra vez que ya no se trata de desapariciones de Estado, pero desde hace años se sabe que existen centros de reclutamiento forzado y exterminio por todo el país. También sabemos que por mecanismos similares se recluta a mujeres para prostituirlas, aunque de esto se hable incluso menos.
En el sexenio anterior uno de los casos de reclutamiento forzado más mediáticos fue el de cinco jóvenes secuestrados en Lagos de Moreno en agosto de 2023. Uno mató a sus compañeros, presuntamente a machetazos, para probar que tenía madera de psicópata criminal. Esto es todavía más cruel que la leva.
La atrocidad se olvidó pronto. No eran parte de un grupo organizado, como los 43 normalistas desaparecidos durante el gobierno de Peña Nieto. Si se domina la narrativa y no hay oposición, el gobierno puede fácilmente ocultar el problema, o culpar a Calderón.
"Cuando se atiende a los jóvenes [...] se impide que haya frustración y que los jóvenes tomen el camino de las conductas antisociales, por eso hay que atender las causas", dijo AMLO el 12 de septiembre de 2024. Atender las causas se tradujo en repartir dinero. Fue un éxito electoral, pero la economía creció menos que en los sexenios previos. Y por supuesto no hubo cambios estructurales.
Dado el bajo crecimiento económico promedio anual, los problemas de fondo siguen presentes, y se podría argumentar que por eso hay tanto homicidio. Pero es más complicado. La desigualdad en México ha ido disminuyendo en el siglo XXI a la par del aumento de los homicidios. Si el problema fuera la pobreza, Chiapas habría sido el estado más violento desde hace décadas. El crimen se expandió en Chiapas en el sexenio pasado por la incompetencia del gobernador y la laxitud federal.
Si un porcentaje de los criminales es reclutado por la fuerza, la respuesta no pueden ser los abrazos ni darle dinero a los jóvenes para que no estén frustrados. Hay que tener instituciones capaces de protegerlos de la leva. Entidades con indicadores socioeconómicos parecidos, pero con mayores capacidades estatales, tienen tasas de homicidio y desapariciones mucho menores.
Los terroríficos datos están a la vista de todos. El sexenio pasado fue el de mayor número de víctimas por homicidios dolosos de toda nuestra historia: casi 188 mil 800. El cuento tranquilizador era la pequeña caída frente a la histórica cifra heredada: en el 2018 hubo 33,742 víctimas y en el 2024, 30,046.
En el ínter, aumentaban los desaparecidos. Pasaron de 6,986 en el 2018 a 13,541 en el 2024, para un total en el sexenio de 54,578 personas no localizadas. Sólo en Jalisco desaparecieron y no fueron encontradas 6,728 personas durante el gobierno de Enrique Alfaro. Sirva como referencia que durante la dictadura Argentina los desaparecidos oficialmente suman unas 15 mil víctimas.
Ante un Estado que no actúa frente al horror de que una hija no regrese de una entrevista de trabajo, fue un colectivo de madres buscadoras el que descubrió zapatos, prendas y notas de personas reclutadas, entrenadas y quizás cremadas, en un rancho en Teuchitlán. Las historias son de terror. Es uno de muchos centros similares que hay en el país.
El tema está hoy en el centro del debate. Ojalá esto detone una respuesta efectiva, no meros cambios legales, como los propuestos por el gobierno. Sabemos que redefinir un delito en el código penal o incrementar los años de prisión no ayudan gran cosa. Se ha hecho tantas veces que si sirviera no estaríamos en esta barbarie.
@carloselizondom
ÁTICO
Desde hace años se sabe que hay centros de reclutamiento forzado y exterminio por todo el país; urge una respuesta efectiva.
