El mundo ha cambiado y como país tenemos que acusar de recibido y actuar en consecuencia. El gran movimiento globalizador que integró a muchas y muy diversas economías está volviendo sobre sus pasos para hacernos replantear nuevas formas y estrategias comerciales y de desarrollo. En México tenemos un sinnúmero de asuntos pendientes que se han ido rezagando durante demasiado tiempo y que, ante la coyuntura, se sienten más pesados y apremiantes que hace tan solo unos meses.
Un tema en particular que se esperaría ver en la agenda de un gobierno de izquierda, además de una política social más potente, es una reforma fiscal progresiva. En el último reporte “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2024”, elaborado por la OCDE y otros organismos multilaterales de la región, se observa que, en cifras cerradas, la recaudación fiscal en México representa el 17% del PIB, muy por debajo de países de Latinoamérica como Brasil (33%), Argentina (30%), Uruguay (27%), Chile (24%) e incluso menor a la de países con economías claramente menos desarrolladas como Belice (22%) y Honduras (21%). Si volteamos a ver a Europa, la distancia se vuelve abismal, pues nos topamos con casos como el de Francia que recauda el 46% de su PIB o el de Noruega que ingresa 44%.
Aunque la recaudación ha subido un par de puntos porcentuales en los últimos seis años, estamos muy distantes aún del nivel de ingresos fiscales que requiere el país. Es evidente que el gobierno tiene una agenda de gasto social en expansión pero que no será sostenible en el tiempo sin aumentar los ingresos de los que dispone, y aunque muchos pensaríamos que es un tema de aritmética elemental, la “lógica” política no siempre entiende de sumas y restas. De igual forma, la retórica esgrimida desde las conferencias mañaneras es que la inversión se va a incrementar, pero frente a un escenario tan incierto, cabe preguntarse de dónde va a venir dicha inversión. Es claro que el anunciado proceso de relocalización de las empresas transnacionales en México se encuentra, en el mejor de los casos, postergado de forma indefinida.
Los grandes empresarios mexicanos no terminan de darle cuerpo a su discurso y promesas de inversión. Y para terminar de pintar el cuadro, el gobierno recauda muy poco, y lo que recauda lo gasta en transferencias. Entonces, ¿de dónde vendrá la inversión productiva que le urge al país? Por si no bastara con lo anterior, la población del país comienza a envejecer, por lo que la carga fiscal de las pensiones incrementará en el mediano plazo, que, al día de hoy, sumado al costo de la deuda pública, representan dos terceras partes del presupuesto de egresos de la federación.
Esta vez no será suficiente con hacer más eficaces los mecanismos fiscales con los que se cuenta actualmente, ha llegado el momento de dar un paso más allá. Una reforma fiscal evidentemente siempre tendrá opositores y una con diseño progresivo enfrentará a fuertes adversarios. No obstante, e invocando un valor democrático de equidad, contar con mayor colaboración de ese uno por ciento que más ingresa, así como ampliar la base gravable, se ha vuelto un acto solidario impostergable. Hoy existe la fuerza política en ambas cámaras del Congreso para poder impulsar una reforma de este calado y evitar que el Estado mexicano fallezca de inanición.
Dr. Mauro Soto Rubio
Investigador y consultor en economía y políticas públicas
