En México ningún estado, grande o pequeño, está exento de desapariciones forzadas ni libre de fosas clandestinas. La crisis afecta al 75% de los municipios del país. Jalisco encabeza la lista del horror. Le siguen Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. Allí se concentra el 45% de los casos (56,268) de acuerdo con la estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ajustada al 3 de abril. En la clasificación de Red Lupa, próxima a actualizarse, Coahuila figura en el lugar número 11 entre las entidades con «nivel medio inferior de gravedad». El estado observó una disminución del 2.78% en el periodo 2023-2024.
Conforme con los datos del RNPDNO, Coahuila registró 58 nuevas desapariciones en los últimos meses para totalizar 3 mil 664. Tabasco, en cambio, dio un giro copernicano. El año pasado ocupaba el tercer lugar nacional con menos casos (467), solo superado por Campeche y Tlaxcala. Hoy se desconoce el paradero de 3 mil 353 personas. El descubrimiento del supuesto centro de exterminio en el rancho Izaguirre volvió a poner a Jalisco en el ojo del huracán. No de balde. Guadalajara es uno de los puntos neurálgicos del país en seguridad y lavado de dinero.
La capital tapatía ha sacudido al mundo en diferentes momentos. En febrero de 1985, el agente de la DEA, Enrique Camarena, fue secuestrado, torturado y asesinado por órdenes de Rafael Caro Quintero, jefe del cartel de Guadalajara. En mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo murió acribillado en el aeropuerto de Guadalajara mientras esperaba al nuncio apostólico Jerónimo Prigione, durante un enfrentamiento entre capos y sicarios. El caso Teuchitlán ha vuelto a encender las alarmas en «La Perla de Occidente».
La zona metropolitana de Guadalajara es una de las más prósperas del país. En 2010 el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos reveló que México recibe entre 19 mil y 29 mil millones de dólares de Estados Unidos cada año, producto del narcotráfico. La cifra equivalente, según el caso, al 2% o 3% del PIB. Basado en el mismo documento, el periodista Alberto Nájar menciona que «Monterrey (Nuevo León), Guadalajara (Jalisco) y Culiacán (Sinaloa) son las ciudades con mayor número de operaciones de lavado de dinero» ("¿Dónde están las ganancias del narcotráfico mexicano?", BBC News Mundo, 15.12.10).
José María Ramos, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, declaró a Nájar que si bien «no se ha determinado con exactitud el destino del dinero generado por el narcotráfico (...) en algunos casos sirve para mantener con vida la economía de regiones enteras». También «ha permitido que las crisis económicas no sean de mayor impacto en comunidades fronterizas y del centro del país».
La Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados aborda el tema en el estudio «Lavado de dinero», publicado en enero de 2013. Los 10 mil millones de dólares blanqueados en México el año previo representaron el 3.6% del PIB. Las cifras «obedecen a la situación de criminalidad que ha permeado a nuestro sistema social, económico y financiero», dice el análisis. El senador Ángel Robles Motoya (PRD) propuso, en febrero del mismo año, un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República informara sobre las acciones contra el lavado. Robles citó el Estudio Binacional y un documento de la firma Global Financial Integrity según el cual México era «la segunda economía con los mayores flujos financieros ilícitos, en una lista de 160 países». El narco, el lavado de dinero, las desapariciones forzadas y la corrupción forman parte del mismo fenómeno.
