La llegada de Trump confirma las amenazas que se veían venir desde la campaña presidencial. En una afirmación rampante, la Casa Blanca le imputa al gobierno mexicano una alianza con las organizaciones criminales que operan en México. Afirma que las omisiones e insuficiencias del gobierno mexicano, son evidencias suficientes de que esta colusión existe. Se señala que algunos estados prácticamente se han convertido en refugios para que la delincuencia organizada actúe con impunidad.
En el reino de las percepciones, las medias verdades van demostrando su potencia demoledora. Acusaciones de corrupción y violencia son producto de la debilidad institucional que existe en el país. El potencial destructivo de las descalificaciones genéricas desincentiva la necesaria reconstrucción institucional que permita la consolidación de una democracia funcional.
La estrategia de tirar por la borda todo lo que existe, por estar preñado de corrupción, puede servir como estrategia electoral. Al final, esta se torna contra la mano que tira la piedra. La falta de espacios y procedimientos para contrarrestar la corrupción y la violencia, hoy expone un enorme desgaste a las autoridades políticas del país.
La Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas quedan inmediatamente expuestas ante la irresponsabilidad de los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales, para hacer valer el imperio de la ley. La demolición del aparato de justicia y de los controles de legalidad abren inmediatamente el espacio político para que las instancias de responsabilidad última sean señaladas como las únicas y principales fuentes de solución de las demandas de seguridad y justicia.
No alcanza el trillado recurso de proyectar la responsabilidad en alguien más. Ciertamente la estrategia de Trump pasa por culpabilizar al gobierno mexicano por los problemas de la frontera, especialmente la migración ilegal, el tráfico de armas y de fentanilo. La respuesta no puede limitarse a rechazar las acusaciones y responsabilizar a quien señala.
La soberanía nacional pasa por la eficiencia de las instituciones de la república para garantizar el respeto a los derechos fundamentales, la promoción de la actividad económica lícita y la consolidación de la convivencia pacífica entre los habitantes de la República.
Algunas de las rectificaciones fundamentales no admiten demora. Es necesario y conveniente que los partidos políticos trabajen en un contexto de unidad nacional para reconstruir a las instituciones. Las instituciones de seguridad tienen que ser reconocidas y protegidas por los espacios de legitimación política.
El llamado a fortalecer el Estado de Derecho es un llamado por la paz y la justicia. Detener el proceso de deterioro institucional que se viene sufriendo en el país es inevitable.
En los próximos meses vendrá un estire y afloje entre el gobierno mexicano y sus principales socios comerciales. La presión constante de Trump sobre el gobierno mexicano no se va a resolver sin una vía clara que pase por la pacificación del país y el saneamiento de sus instituciones, especialmente las encargadas de la seguridad. En el juego de las descalificaciones mutuas, podrán aparecerse nuevos procedimientos legales enderezados a visibilizar a culpables de la crisis de seguridad que vive el país. Esto sólo puede ser la antesala de una crisis política que sólo puede servir en el corto plazo a los intereses más corruptos. En el largo plazo, ni siquiera a ellos.
Por el bien de México, el Gobierno de la República no debe aislarse de la sociedad mexicana. Sólo la ley tendrá la fuerza suficiente para enfrentar los embates que se asoman en el horizonte.
