Madres Poderosas exigen justicia para reconocimiento de sus derechos y apoyos

"¿Qué quiere? ¿Qué volvamos a tomar las instituciones para que hagan su trabajo?", pregunta ante varias cámaras de medios de comunicación locales Cristela Soto, madre de Daysi Viridiana Martínez Soto asesinada por razones de género en 2016.

La mujer es integrante de Madres Poderosas, un grupo de abuelas que tras perder a sus hijas víctimas de feminicidio, han tenido que convertirse en madres de nuevo: ahora de sus nietos, víctimas indirectas de la violencia feminicida que se vive en el estado de Coahuila.

Recientemente el colectivo convocó a los medios para denunciar públicamente la omisión y el abandono institucional que enfrentan.

Su principal exigencia fue que ya les liberaran los apoyos bimestrales de 4 mil pesos por niño que el gobierno estatal debe entregarles, porque, dijeron, desde hace cuatro meses este recurso no llega a sus manos.

Cabe recordar que un decreto publicado en el Diario Oficial de Coahuila, con fecha del 5 de abril del 2019, estipula que se les debe otorgar un apoyo extraordinario a los niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de feminicidios ocurridos en Coahuila.

Se trata de un apoyo económico bimestral de 4 mil pesos por niño y niña, además de la prestación de los servicios de salud con los que cuenta la Secretaría de Salud. Así como también la incorporación de las personas que ostenten su custodia (en este caso las Madres poderosas) a programas de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.

Sin embargo, según el reclamo de las abuelas, lo anterior es algo que en los últimos meses se les ha negado, incluyendo el pago y unas despensas que recibían cada mes.

"Ya no sabemos a cuántos funcionarios más acudir", dijo Soto. "Hemos hablado con representantes de la Pronnif, como la licenciada Estrella, con Óscar Pimentel (secretario de Gobierno) y con Ricardo Loyola (titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas). Todos dicen que están en trámites, que faltan firmas, pero mientras tanto nuestros nietos siguen esperando".

Cada testimonio compartido en el encuentro con medios fue una historia de pérdida, pero también de resistencia. Rosa María Rocha, madre de Dana Milagros, asesinada en 2015, relató cómo desde entonces ha criado a los dos hijos de su hija, que en ese entonces el niño tenía cuatro años y la niña ocho.

María de Lourdes Quintero, por su parte, habló en nombre de su hermana Marcelina, asesinada en agosto de 2024, quien dejó a cuatro niñas (ahora de 15, 10, 9 y 8 años) pequeñas que viven bajo su cuidado.

"Son más de treinta niños los que no han recibido el apoyo. Y sabemos que hay más. En cada visita vemos un paquete de cheques retenidos, sin explicación", dijo una de las voceras.

Explicó que los niños y niñas que forman parte de Madres Poderosas no son todos los que han sufrido la pérdida de su madre a causa de un feminicidio en Coahuila.

Y aunque se buscó actualizar el dato a través de Estrella Cardona Belmares, titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en la Región Laguna, no se logró comunicación con ella, sin embargo la misma funcionaria declaró el año pasado a esta casa editora que el padrón de víctimas indirectas de feminicidio ocurrido en Coahuila contabilizaba 145 niños, niñas y adolescentes.

SIN ACCESO A LA JUSTICIA

Las Madres Poderosas también aprovecharon para denunciar que las instancias gubernamentales las siguen nombrando "cuidadoras" y no "tutoras legales", lo que afecta el reconocimiento de sus derechos y el acceso a ciertos beneficios establecidos por decreto.

"Una cuidadora es quien cuida unas horas. Una tutora es quien se hace responsable de una vida", reclamaron.

En ese sentido, a la falta de apoyos económicos se suma otra herida: la imposibilidad de acceder a la reparación integral del daño, aun cuando hay sentencias emitidas contra los feminicidas.

Por ejemplo, Rosa María Rocha compartió que desde 2017 espera dicha reparación tras la condena del asesino de su hija. Aunque el agresor fue declarado insolvente, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), mencionó, no ha cumplido con su obligación de canalizarla hacia los fondos estatales que deben garantizar este derecho.

"Hay una sentencia. Hay un decreto. Hay una ley. ¿Qué más necesitan para actuar?", cuestionó. En lugar de respuestas, recibió amenazas: "El licenciado Ricardo Loyola me dijo que, si yo lo demandaba, él también me iba a demandar. ¿Por exigir un derecho? ¿Por seguir el camino legal que la misma ley me marca?", denunció públicamente.

Además, relató cómo la licenciada Mayela Cerda, también de la CEAV, le entregó documentos sin haberlos leído previamente, y justificó su actuar diciendo que solo seguía órdenes: "'Yo nada más le vengo a entregar los papeles, porque así me lo pidieron a mí', así me dijo".

"Entonces me pregunto ¿Qué clases de personas nos está poniendo el gobierno para defendernos o para hundirnos?", cuestionó.

UNA RED QUE RESISTE

Pese al abandono institucional, el colectivo Madres Poderosas ha encontrado fuerza en la organización. Han recibido apoyo de redes feministas como la Red de Mujeres de La Laguna, con quienes preparan una próxima mesa de trabajo para definir acciones legales y de protesta en caso de que la situación no se resuelva.

El colectivo exige al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, que tome cartas en el asunto y supervise personalmente el actuar de sus funcionarios.

"Queremos que se entere de qué tipo de personas están trabajando en su nombre, porque no nos representan ni nos protegen", manifestaron.

Al cierre de la rueda de prensa, el mensaje fue claro: si el Estado no cumple, ellas seguirán alzando la voz.