Mienten padres para no otorgar pensión alimenticia
El Magistrado Presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que el Centro de Evaluación Psicosocial ha identificado un patrón preocupante en el que muchos padres de familia falsean su información económica con el objetivo de reducir la pensión alimenticia que deben proporcionar a sus hijos después de una separación.
Mery Ayup destacó que, con frecuencia, los hombres incumplen los acuerdos establecidos en los juicios de alimentos, lo que les hace figurar en la lista de Deudores Alimentarios del estado.
“En cada región del estado, prácticamente todos los días se presenta al menos uno o dos juicios relacionados con el incumplimiento de las obligaciones alimentarias”, explicó el Presidente del Poder Judicial en Coahuila.
El Magistrado señaló que, durante los procesos de separación, algunas de las partes recurren a la falsificación de sus ingresos, afirmando ganar menos de lo que realmente perciben, para así reducir el monto que deben pagar.
“Es una práctica común en los juzgados, algunos padres incluso cambian el nombre de la empresa en la que trabajan o aseguran que tienen menores ingresos con tal de pagar menos pensión a sus hijos”, detalló Mery Ayup.
A pesar de estas maniobras fraudulentas, el Magistrado aseguró que no pasan desapercibidas, ya que las trabajadoras sociales del Centro de Evaluación Psicosocial realizan investigaciones exhaustivas sobre el estilo de vida de los padres, lo que facilita detectar inconsistencias entre sus declaraciones y su forma de vida.
“Todo esto puede ser demostrado ante el juez, y se puede probar con claridad para asegurar que los niños reciban la pensión alimenticia que les corresponde”, afirmó Mery Ayup.
El incumplimiento de la pensión alimenticia, según lo señalado por el presidente del Poder Judicial, se considera un delito, y los padres que no cumplen con sus obligaciones son añadidos al Registro Estatal de Deudores Alimentarios.
Actualmente, hay 120 personas en este registro, quienes están siendo procesadas judicialmente para garantizar que los menores tengan acceso a los recursos que por derecho les corresponden.
