Mujeres en el poder: entre la paridad y la violencia política
A principios del mes pasado, María Teresa Valdez Arreola, síndica de vigilancia de Mapimí, Durango reveló ser víctima de violencia política por razón de género por parte del alcalde del municipio, Fernando Reverte Granados, y su sobrino y secretario particular, Alberto Reverte Armendariz, principalmente.
Este mismo diario reportó que la funcionaria había sufrido, entre otros comportamientos, insultos y faltas de respeto, incluso de índole sexual, por lo que desde el 19 de julio del año pasado, Valdez Arreola inició un proceso legal ante la Fiscalía y después ante el Tribunal Electoral de Durango.
Luego de una investigación, se supo que los tribunales electorales local y federal, determinaron que, tanto Reverte Granados y Reverte Armendariz, pero también la secretaria del ayuntamiento Marisela Magallanes y la tesorera municipal, María Coronado, habían ejercido contra la síndica, violencia política por razón de género.
Aunque el término anterior es relativamente nuevo, esto no quiere decir que las agresiones contra las mujeres en la arena política no existieran, si existían, sólo que no tenía un nombre, así como tampoco era considerado un delito.
Cecilia Lavalle Torres, escritora, conferencista y capacitadora en temas relacionados con los derechos humanos, el empoderamiento y liderazgo de las mujeres, informó para este reportaje, que conforme las mujeres han ido accediendo a cargos de poder político, a la par, la violencia contra ellas se ha exacerbado, por ende, las feministas se esforzaron, primero, en ponerle un nombre y después, en lograr que fuera tipificado como un delito.
“El primer país en tipificar ese delito fue Bolivia. En México ocurrió en el 2020, cuando logramos las reformas legales para darle un concepto: violencia política contra las mujeres en razón de género y se reformaron 8 leyes”, informó Lavalle Torres.
Es así que actualmente en México existen varias leyes que sancionan la violencia política contra las mujeres, que, según Ángeles Rentería Jaquez, abogada litigante en Asesoría Jurídica Promujer e Infancias, se trata de una violencia palpable, pero, expresó: “desgraciadamente muy normalizada”.
Por ello, puntualizó, se vuelve importante hablar del tema y sobre todo el informar de las alternativas legales que existen para denunciar este tipo de violencia.
En ese sentido, este diario accedió al testimonio de la síndica María Teresa Valdez Arreola, así también dialogó con una escritora feminista, una abogada, una activista y una investigadora, mujeres que, de alguna manera, cada una desde su trinchera, han abordado el tema aquí expuesto.
‘EL SÓLO QUERÍA QUE YO FIRMARA’
Desde el inicio de su gestión en septiembre de 2022, mencionó, María Teresa Valdez Arreola, síndica municipal de Mapimí, se enfrentó a obstáculos para desempeñar sus funciones.
Según su testimonio, el presidente municipal Fernando Reverte Granados, intentó limitar su papel a la firma de documentos sin cuestionamientos.
“Él solo quería que yo firmara y no preguntara ni cuestionara nada”, compartió.
Las tensiones aumentaron cuando Valdez Arreola recibió una visita de la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia anónima. Luego de negarse a firmar documentos sin la debida información, dijo, le fueron retenidas cuatro quincenas de su sueldo. Una de febrero, las dos de marzo y la primera de abril.
Con el tiempo, al persistir en su exigencia de transparencia, también se le retiró un fondo destinado a gestiones sociales, el cual le fue devuelto seis meses después.
En febrero del año pasado, Valdez Arreola y seis regidores cuestionaron la gestión de la secretaria del Ayuntamiento y solicitaron su remoción. Además, rechazaron aprobar la cuenta pública por falta de información. Como consecuencia, la síndica sufrió nuevos ataques.
Ante esta situación, en julio de 2023, presentó denuncias ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) y la Fiscalía de la Mujer.
El IEPC determinó que había elementos suficientes para considerar su caso como violencia política por razón de género y sancionó a la secretaria del ayuntamiento y a la tesorera municipal por obstruir la información requerida. En ese sentido, la remoción de la secretaria del Ayuntamiento ocurrió el 7 de diciembre del 2023.
Asimismo, el Tribunal Electoral del Estado de Durango ha ratificado en dos ocasiones la sentencia contra Fernando Reverte Granados, ordenando la restitución del sueldo retenido, medidas precautorias para garantizar su seguridad y una disculpa pública que hasta la fecha, cabe mencionar, no ha sido emitida.
Pese a esto, el presidente municipal ha intentado revocar algunos puntos de la sentencia, argumentando motivaciones políticas por parte de la síndica.
Valdez Arreola también denunció expresiones misóginas por parte del presidente municipal y su entorno, así como la falta de apoyo por parte del Instituto Municipal de la Mujer.
“Nadie volteó a verme, ni me dieron respaldo cuando ya había una sanción por la reducción de mi sueldo”, señaló.
A pesar de los obstáculos, la síndica continúa en lucha por el respeto y la igualdad en el ejercicio del servicio público, haciendo un llamado a que hombres y mujeres puedan trabajar juntos en un ambiente de armonía.
“No se trata de dividirnos, sino de pedir respeto y cumplir con nuestras funciones”.
Actualmente su caso está a la espera de la sentencia del tribunal que ordena reponer el procedimiento.
APUNTES HISTÓRICOS
“No todas las violencias que vivimos las mujeres es violencia política por razón de género”, refiere Cecilia Lavalle.
Entonces ¿Qué es? La definición legal, según el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), es: “toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres”.
En ese sentido, también se informa en la ley, puede ser perpetrada por: agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos,militantes, simpatizantes, medios de comunicación y personas particulares.
Aunque, como ya se mencionó, el concepto violencia política contra las mujeres es actual, la lucha femenina para acceder a derechos básicos como la propiedad, la participación legislativa y el ejercicio del poder, tiene raíces profundas, por ejemplo Lavalle de la Torre, se remontó a la Revolución Francesa del siglo XVIII, cuando, al establecerse los derechos del hombre y del ciudadano, se excluyó explícitamente a las mujeres.
Mencionó que desde entonces las mujeres han tenido que protestar, exigir y luchar para acceder a derechos básicos como la propiedad, la participación legislativa y el ejercicio del poder.
En México, por ejemplo, la demanda por el derecho al voto y la participación política comenzó en el siglo XIX, con eco de los movimientos sufragistas en el mundo occidental. Desde la Independencia, mujeres como las zacatecanas de 1824 comenzaron a exigir su reconocimiento como ciudadanas.
Esta lucha se intensificó en el siglo XX, con movimientos sociales en la década de 1930 que incluyeron huelgas de hambre y amenazas de incendiar el Palacio Nacional para exigir el derecho al voto.
El siglo XXI trajo consigo reformas fundamentales. A partir de 2011, los movimientos paritaristas lograron cambios legales que permitieron una mayor representación de mujeres en cargos públicos.
Todos estos esfuerzos culminaron en la elección de la primera mujer presidenta de México (Claudia Sheinbaum), pero también, dice Cecilia Lavalle, en un incremento significativo de mujeres en gubernaturas, congresos estatales y ayuntamientos.
Sin embargo, la experta señaló que estos logros no han eliminado la violencia política contra las mujeres. De hecho, dijo, está documentado que el acceso de las mujeres al poder ha intensificado las agresiones en su contra.
“La violencia política contra las mujeres existe desde el primer momento en que exigieron poder público, aunque antes no se tenía un nombre”, explicó.
Un ejemplo histórico de esta violencia, recordó, fue el caso de Olimpia de Gouges, autora de Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, quien fue guillotinada en la Revolución Francesa. Mientras que a los hombres se les acusaba de conspiradores, a ella se le ejecutó por “traicionar su condición de ser mujer”.
Como ya se mencionó, en México, la tipificación legal de la violencia política de género se logró hasta 2020 con la reforma de ocho leyes para sancionar administrativamente e incluso penalmente estas agresiones.
No obstante, la protección legal sólo abarca a candidatas y mujeres electas por voto popular, dejando fuera a quienes ocupan cargos administrativos en los poderes ejecutivos municipales, estatales y federales, así como a aquellas en la iniciativa privada.
Es así que ser mujer y política en México sigue siendo un desafío. Lavalle Torres destacó que, aunque el escenario ha cambiado significativamente, muchas figuras de poder continúan con una mentalidad de siglos pasados. “Siguen viendo a las sillas del poder como suyas y creen que nos las están cediendo”, criticó.
Por último, advirtió que no toda violencia que sufren las mujeres en el ámbito político es violencia política de género. Para ella es fundamental reconocer sus características específicas para diferenciarla. Además, aclaró que algunas mujeres también pueden reproducir estas violencias al no haber realizado un proceso de deconstrucción del patriarcado.
“El gran adversario de la equidad no son los hombres, sino el patriarcado”, concluyó.
AGREDIR A UNA MUJER POR SER MUJER EN LA ARENA POLÍTICA
En Coahuila esta forma de violencia se encuentra detallada en el artículo octavo, fracción séptima de la Ley contra la Violencia para las Mujeres, donde se establece que cualquier acción u omisión basada en el género y dirigida a menoscabar la integridad o el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres constituye violencia política.
Según la abogada Ángeles Rentería Jáquez esta violencia se ha manifestado históricamente en mecanismos como el uso de las candidaturas femeninas como meras fachadas de paridad.
"Antes se ponía a una mujer como titular y a un hombre como suplente. Durante el ejercicio del cargo, la mujer se incapacitaba o se excusaba, permitiendo que el hombre asumiera el puesto. Así se aparentaba equidad, pero el resultado era el mismo", explicó Rentería.
Informó que la materialización de esta violencia ocurre, por ejemplo, a través de la limitación del ejercicio pleno de sus facultades, la denigración, la humillación y la minimización del trabajo de las mujeres en la política.
Comentarios como "ella debería estar en su casa" o insinuaciones sobre su vida privada son ataques comunes con base en el género. Además, la violencia política de género no sólo se manifiesta en el ámbito público, sino también en espacios privados, a través de comentarios y actitudes que buscan socavar la participación de las mujeres.
Para la abogada el panorama en Coahuila no es ajeno a estas prácticas. "Es palpable y visible. Se están permitiendo perfiles pigmentocráticos, seleccionando a mujeres por su apariencia física o su sector económico, dejando de lado a aquellas con gran capacidad y trayectoria", denunció Rentería.
Además, dijo, se han identificado casos en los que se oculta información relevante para la participación política de las mujeres, como convocatorias que no son difundidas de manera oportuna para impedir su inscripción.
Otro mecanismo de violencia política, indicó, es la obstaculización de campañas a través de la difusión de información falsa o la entrega de datos erróneos a mujeres en el poder con la intención de desacreditarlas. "Esto es algo que mucha gente no conoce, pero es violencia de género", señaló la especialista.
Además, aclaró, la violencia política por razón de género no se limita a mujeres cisgénero, sino que también afecta a mujeres de la comunidad y diversidad sexual que se identifican como tales.
LA LUCHA DESDE LA ACCIÓN SOCIAL
Por su parte, Sandra Sierra Limones, presidenta de la Fundación por la Promoción, el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres, enfatizó que esta modalidad de violencia sigue sutilizándose y adaptándose a las nuevas condiciones políticas del país.
"Nosotros tenemos 16 años trabajando en la prevención de la violencia, principalmente a través del sector público, tratando de eslabonar los niveles municipal, estatal y federal, buscando programas y generando políticas públicas que reduzcan las brechas de desigualdad, especialmente en la Comarca Lagunera, en Coahuila y Durango, aunque también hemos trabajado en estados como Veracruz, San Luis Potosí y Quintana Roo", indicó.
La activista explicó que la violencia política por razón de género es una modalidad dentro de las violencias estructurales que enfrentan las mujeres.
"La violencia se divide en tipos y en modalidades: qué te hacen y dónde te lo hacen. La violencia política ocurre en el sector público y generalmente se manifiesta en obstáculos para acceder o desempeñar un cargo. Puede ser física, psicológica o económica".
Uno de los ejemplos más comunes que expuso fue el de los Institutos Municipales de las Mujeres. "Se presume que hay un área para prevenir la violencia y reducir la desigualdad, pero en la práctica les asignan presupuestos simbólicos, lo que limita su operatividad. Eso es violencia política de género, porque se obstaculiza su trabajo pese a que México ha firmado compromisos internacionales para garantizar recursos en estos temas".
Sobre el contexto actual en Coahuila y Durango, Sierra Limones afirmó que la violencia política se ha vuelto más sutil. "Ya no se impide abiertamente que una mujer llegue a un cargo, porque la paridad del 50-50 lo exige. Sin embargo, se buscan mecanismos para mantener el control, como postular a familiares o allegadas a líderes políticos varones".
En este sentido, denunció que "no es sorprendente que la mayoría de los presidentes de los partidos sigan siendo hombres. Todavía hay mucho por hacer. La violencia política tiene la misma connotación que en su momento tuvo la violencia familiar: muchas mujeres la viven, pero pocas la denuncian".
Un caso representativo, mencionó Sierra Limones, es precisamente el de la síndica de Mapimí. "Ella denunció violencia política y obtuvo sentencias favorables tanto del Tribunal Estatal Electoral como del Tribunal Federal. Sin embargo, aún no se ha emitido una disculpa pública ni se ha inscrito al agresor en el padrón de violentadores. Peor aún, su partido le ofrece la posibilidad de reelegirse".
Para Sandra Sierra a pesar de que la violencia política está reconocida en los códigos electorales, existen "atavismos legales" que dificultan su aplicación efectiva.
"Mientras los agresores no enfrenten consecuencias reales, la situación no cambiará. La violencia política sigue siendo un fenómeno que sólo se visibiliza en tiempos electorales, que es cuando más conviene".
En ese sentido, la activista hizo un llamado a la sororidad entre mujeres políticas: "La igualdad sustantiva sigue siendo un reto. No basta con que tengamos el 50% de las candidaturas o una presidenta mujer. Falta que al interior de los partidos se garantice un cambio real. Llegar todas significa apoyarnos unas a otras, no competir en solitario".
Sierra Limones concluyó en que: "las mujeres somos la primera mayoría en este país. El día que entendamos que podemos acceder al poder sin pedir permiso, la política habrá cambiado".
LA IMPORTANCIA DE DENUNCIAR
La profesora Hada Melissa Sáenz Vela de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien ha participado en investigaciones que buscan medir y visualizar la violencia política de género en México, coincide con Cecilia Lavalle, al decir que el aumento de las mujeres en la política ha generado una reacción adversa conocida como "efecto backlash", que describe la resistencia y violencia ejercida contra ellas por parte de ciertos sectores que ven amenazada su posición. Inicialmente, se establecieron cuotas de participación del 30, luego del 40 y, finalmente, la paridad del 50 por ciento.
En ese sentido, utilizando el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), así como registros estatales, se ha identificado que las entidades con mayor incidencia de casos son Veracruz y Oaxaca.
Como dato, según la herramienta antes mencionada, actualmente existe un total de 496 personas registradas y 449 ya han sido sancionadas. Específicamente, Durango registra dos sanciones y Coahuila nueve.
Además, un elemento clave que la investigadora ha sido incorporado en sus estudios es el "impacto genderizado", que, explicó, analiza cómo el asesinato de mujeres políticas, aunque no siempre sea por razón de género, genera miedo y desalienta la participación de otras mujeres en la política.
Los registros también reflejan que hay un aumento en las denuncias, lo que no necesariamente significa que la violencia está creciendo, sino que, señaló, hay más casos visibles y documentados.
Además, se ha detectado que en muchas ocasiones las instituciones encargadas de atender estas denuncias carecen de perspectiva de género, lo que dificulta la correcta clasificación y atención de estos delitos.
Según la percepción de la investigadora, en Coahuila los datos sobre violencia política de género han sido limitados, aunque recientemente ha habido un incremento en los registros estatales. Entre los casos destacados se encuentra el de una síndica en Ramos Arizpe que denunció haber sido invisibilizada en los medios de comunicación y excluida de créditos en su labor pública.
Otro caso relevante fue el de una diputada local agredida físicamente junto con su equipo. En este último caso, se logró acreditar la violencia política por razón de género, lo que marcó un precedente en el estado.
En ese sentido, mencionó que las reformas en la legislación estatal de Coahuila sobre violencia política de género se alinearon con las reformas nacionales de 2019, permitiendo que estos casos sean sancionados conforme a la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia.
La profesora informó que existen diversas instancias donde se pueden denunciar estos casos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos electorales estatales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Según el tipo de agresión y la normativa vulnerada, indicó, se canaliza a la instancia correspondiente.
Informó que las sanciones suelen incluir multas económicas, disculpas públicas y la inscripción del infractor en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. En algunos casos, recordó Sáenz Vela, como el de un exalcalde de Coahuila, al que se le dictó prisión debido a la gravedad de la violencia ejercida.
Debido a que la violencia política de género es un reflejo de la violencia estructural que persiste en la sociedad, la investigadora reiteró que es fundamental que las mujeres continúen denunciando y visibilizando estos casos para generar un cambio.
Por último subrayó la importancia de la capacitación en perspectiva de género para las autoridades que atienden estas denuncias, esto con el fin de garantizar que se identifiquen y sancionen correctamente los casos de violencia política por razón de género no sólo en Coahuila, sino en todo el país.
