En un contexto de emergencia sanitaria y ambiental, nació la Red Nacional de Pueblos Envenenados el 26 de enero en la Basílica de Ocotlán, Tlaxcala, con 186 participantes procedentes de 18 entidades federativas y 65 organizaciones de base comunitaria.
Acudieron delegaciones de Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Yucatán, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Huasteca Potosina, Sonora, Sinaloa y Comarca Lagunera, entre otros.
El entonces Conahcyt -Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología-, ahora Secretaría de Ciencia, reconoció la existencia de 20 sitios de emergencia sanitaria ambiental en el país.
En nuestras regiones -denuncia la Red en su primera declaración pública- proliferan enfermedades crónico-degenerativas provocadas por nuestra exposición permanente a sustancias tóxicas y peligrosas, cuya acumulación en los territorios ha sido provocada por tecnologías nocivas, concentración urbana y actividades extractivas dañinas, a la vez que permitida, tolerada y hasta encubierta por las autoridades de todos los signos políticos, incluso las que actualmente gobiernan el país.
Reconocemos -dice- que, en su conjunto, la destrucción de nuestro ambiente, salud y tejido comunitario es producto de una larga historia de despojos, de introducción de industrias, minas, cultivos transgénicos, sustancias y residuos de enorme toxicidad cuya concentración en tierras, aguas, suelos y organismos escalaron y se masificaron durante el neoliberalismo.
Son innumerables los agravios que nos aquejan -enfatizan- y hacen una lista de exigencias para problemas locales y regionales.
Poner alto definitivo a la comercialización de los bienes naturales y culturales, en especial de la montaña Malintzi y Matlalcuéyetl, así como que se cancele el proyecto turístico-destructivo EcoParque Tlalli Malinche, Puebla.
Detener el ingreso de material radiactivo al municipio de Temascalapa, Estado de México.
Prohibir la entrada a México de la comercialización y uso de insecticidas dañinos que matan a las abejas.
Detener la instalación de empresas petroquímicas en la Bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa.
Frenar el uso de tecnologías que afectan el ciclo socio-natural del agua, dañando a las comunidades en su producción campesina y entorno.
La cancelación de todos los proyectos de transferencia de agua en bloque entre cuencas, porque destruyen los territorios y alteran los flujos superficiales y subterráneos de agua, permitiendo la mayor concentración de contaminantes.
Que el Congreso Federal modifique la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para establecer la figura de entidad federativa envenenada, por la acción impune de las industrias pecuarias, cerveceras, industriales, agroexportadoras y turísticas.
El cierre de las granjas porcícolas y avícolas en la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes, en Yucatán, donde sobreviven pueblos originarios en 53 municipios.
Nuestras luchas -dice la declaración- son expresión viva de que nuestro país -por la forma en que está subordinado económica, política y jurídicamente a las necesidades de abasto, comercio y despilfarro de Estados Unidos- ha sido empujado a tener que aceptar múltiples formas de envenenamiento sistemático que derivan de la multiplicación, combinación y acumulación de procesos de producción, comercio, distribución y consumo de sustancias tóxicas y peligrosas en todos los sectores económicos y territorios de México.
La Red manifiesta preocupación por la aplicación de planes gubernamentales que promueven la construcción de parques industriales, el "nearshoring" y la minería a cielo abierto "sin haber reconocido antes el daño irreversible que ha sufrido históricamente el pueblo y el territorio nacional, sin haber diagnosticado y corregido el régimen de impunidad del que gozan los grandes capitales, así como la destrucción institucional y jurídica que apuntaló estas pérdidas, sin que las empresas extranjeras y nacionales, privadas y públicas, hayan resarcido mínimamente todas las destrucciones generadas, sin que se reconozca la importancia estratégica de la participación organizada de las comunidades y pueblos en la realización de diagnósticos regionales y en la búsqueda de soluciones".
Exige la Restauración Integral de la Cuenca del Alto Atoyac y que el saneamiento anunciado por la presidenta Sheinbaum no sea un nuevo acto de simulación basado sólo en la construcción de plantas de tratamiento sino que incluya la participación social, retome información de los Proyectos de Investigación e Incidencia del ex Conahcyt, que el saneamiento se realice con perspectiva de cuenca, que el plan incluya control de agentes tóxicos cancerígenos presentes en agua, suelo y aire, y se prevengan y atiendan enfermedades de personas y comunidades afectadas desde la perspectiva de vigilancia epidemiológica.
Esta Red recuerda la experiencia de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), hoy desaparecida.
CUMPLIMOS 8 AÑOS
Esta columna periodística, Yo río libre, cumple 8 años de vida. Nació el 4 de febrero de 2017 y en su trayecto hemos publicado alrededor de 420 artículos ofreciendo el perfil humano de los conflictos y de las luchas del agua y medio ambiente.
A través de artículos, crónicas, entrevistas, reportajes y testimonios directos, los afectados hídricos y socioambientales dejan de ser una fría estadística para comunicarnos sus angustias, razones y esperanzas.
Afrontamos una crisis global del agua, un verdadero holocausto hidrológico y medioambiental en el que las víctimas son invisibles, lejanas y sin rostro, prescindibles en nuestra conciencia.
Esas voces merecen ser escuchadas y tomadas en cuenta.
Yo río libre da la palabra a esas personas, a la vez víctimas y luchadoras por un nuevo modelo de gestión del agua y de los ciclos de vida, con participación de pueblos y comunidades, ciudadanizado y colaborativo, por un mundo justo, digno y sostenible.
@kardenche
