La diputada federal Verónica Pérez dio a conocer que el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa. (EL SIGLO DE TORREÓN)
La diputada federal Verónica Pérez dio a conocer que el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para castigar con penas severas a los funcionarios públicos que protejan, faciliten o encubran las operaciones del crimen organizado. La propuesta busca modificar el Código Penal Federal para establecer sanciones de hasta 40 años de prisión y la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos a quienes sean encontrados culpables de colaborar con grupos delictivos.
“El caso del Rancho Izaguirre en Jalisco demuestra hasta dónde puede llegar la impunidad cuando las autoridades no hacen su trabajo. Durante años, el crimen organizado operó ahí sin que nadie interviniera. No solo funcionaba como un centro de entrenamiento conocido como ‘La Escuelita’, sino que hay fuertes indicios de que fue un sitio de desapariciones y violencia extrema. Es inaceptable que el gobierno ahora trate de minimizar lo ocurrido”, señaló Pérez.
La legisladora enfatizó que la falta de acción del gobierno ha generado una crisis humanitaria, con desapariciones forzadas y centros de reclutamiento criminal operando a plena vista.
“No basta con decir que la Fiscalía local actuó mal en el caso del Rancho Izaguirre. Lo que debemos preguntarnos es: ¿por qué las autoridades permitieron que este centro de entrenamiento criminal existiera en primer lugar?”, mencionó.
La iniciativa plantea que cualquier servidor público que, por acción u omisión, permita la operación de grupos criminales, sea juzgado por delincuencia organizada, sin posibilidad de beneficios preliberacionales. También se fortalecerán los mecanismos de denuncia anónima y protección para ciudadanos que reporten casos de corrupción dentro de las instituciones de seguridad y justicia.
“Si de verdad queremos recuperar el país, necesitamos leyes que castiguen a quienes han vendido su cargo al crimen. No podemos permitir que México siga siendo rehén de la impunidad”, concluyó Pérez, reiterando que este grupo parlamentario seguirá impulsando reformas para fortalecer el Estado de derecho y garantizar justicia a las víctimas.
