No es politizando la justicia, como se va a limpiar y a acabar con la corrupción que existe en jueces, magistrados y ministros, según lo denunciado por Morena y sus partidos satélites, sino imponiendo un castigo ejemplar a quien o quienes son infractores de la ley, pero señalando casos concretos e individuales; de tal manera que la propia pena también se individualice, como es la aspiración de nuestro orden jurídico.
Ratificamos en este Panorama lo que dijimos desde que se anunciaron las reformas constitucionales e igualmente, desde que se dijo que el Poder Judicial Federal se integraría con ministros, magistrados y jueces electos mediante el voto popular. Prosperó la iniciativa del expresidente López Obrador por el apoyo que tuvo de su partido en ambas Cámaras del Congreso de la Unión; se abrió el proceso y a estas alturas es una confusión, una ambigüedad la elección tombolera y piñatera del próximo 1º de junio.
Desprestigiar a toda la estructura del poder judicial, parece obedecer más a intereses políticos partidistas que a un sano propósito de limpiar de corruptelas a una institución que tradicionalmente ha gozado de prestigio y aceptación social. Por otra parte, nada garantiza que, por el hecho de ser electos mediante el voto popular, los funcionarios judiciales se conducirán con honestidad en el ejercicio de su cargo.
Tenemos, para ilustrar el punto, que presidentes de la República, gobernadores de los Estados, senadores, diputados y alcaldes, electos popularmente han incurrido en actos de corrupción y deshonestidad: enriquecimiento inexplicable, ejercicio indebido de funciones. fraudes, robos, peculado, abuso de autoridad son algunos de los delitos que han cometido estos servidores públicos, quedando muchas veces impunes porque los responsables acuden al fuero o simplemente hacen valer su condición política para eludir que se les aplique la ley.
Visto desde otro ángulo el tema, podemos estar de acuerdo que el juez, el magistrado y el ministro deben tener conocimientos jurídicos, experiencia, sana fama pública, requisitos básicos y mínimos para desempeñar responsablemente cualquiera de los puestos dentro del Poder judicial. Parece que esto no es necesario en el presente proceso eleccionario.
Insaculados “tomboleados”, rifados, sea cual sea el adjetivo que se les atribuya, lo cierto es que los aspirantes convertidos en candidatos por voluntad del “Consejo de Evaluación”, participarán en un juego político, disfrazado de democrático, sin tener el perfil idóneo, lo que plantea dudas acerca de lo conveniente y acertado de la reforma constitucional.
Esta circunstancia da origen a otro problema: ¿qué caso tiene que existan escuelas y facultades de Derecho en las distintas universidades del país? La carrera universitaria de licenciado en derecho ha sido infectada por un gobierno insensible e irresponsable devaluando la noble profesión de abogado.
¿Acaso el gobierno quiere completar su tarea destructiva y demoledora decretando SU EXTINCIÓN, CERRANDO EDIFICIOS, DESAPARECIENDO PROGRAMAS Y PLANES DE ESTUDIO?Así daría adecuada terminación a su obra nefasta y nociva.
Que el mencionado comité evaluatorio aplique a los aspirantes candidateados un examen mínimo que contenga las siguientes preguntas:
1.¿Cuáles son los Principios generales del Derecho?, 2.¿Cómo se clasifican las normas jurídicas?, 3.¿Qué se entiende por cosa juzgada?, 4.¿Qué es la jurisprudencia y cuál su proceso de formación?, 5.Concepto Justinianeo de justicia, 6.Amparo directo y amparo indirecto, 7.¿Cuáles son los casos concretos en los que la ley prohíbe la procedencia del Amparo?, 8.¿Qué es la apelación y en cuáles casos procede?
Este proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros es equiparable a una piñata que al darle el “garrotazo”, suelta los dulces (cargos judiciales) y los niños (aspirantes y candidatos) van sobre ellos, ante la mirada irónica y maléfica del dueño de la fiesta y de la piñata obviamente (el gobierno).
