México está partido en dos mundos con percepciones que parecen irreconciliables. Según encuestas recientes, la presidenta Sheinbaum cuenta con más de 70% de aprobación, a la vez que el resto de la sociedad la desaprueba, frecuentemente de manera rotunda. En términos generales, estos números no son radicalmente distintos a los que se observaron en la elección presidencial de 2024 o en las tendencias de los últimos años. Quizá la gran pregunta es qué nos dice esto sobre el presente, pero, sobre todo, respecto al futuro del país.
Lo primero que habría que dilucidar es de dónde vienen estos números porque de su permanencia depende toda la estrategia gubernamental. Cuando un gobierno cuenta con cifras tan elevadas de aprobación le es fácil ignorar al resto de la sociedad, ya sea porque la pierde de vista o porque ha decidido conscientemente desconocerla. Es decir, se trata de un cálculo y de una apuesta: el cálculo de que esa base de apoyo se puede mantener con las estrategias existentes y la apuesta de que no habrá factores que alteren la ecuación.
Según encuestas de Alejandro Moreno desde 2023, el 60% de la población se sentía satisfecha, había visto crecer su ingreso real y por lo tanto su capacidad de consumir, por lo que aprobaba la gestión del entonces presidente. Por su parte, el 40% restante desaprobaba la gestión del presidente por considerar que estaba dañando los cimientos del bienestar futuro y atentando contra los prospectos de crecimiento y desarrollo. La diferencia central entre los dos contingentes radicaba en el nivel de escolaridad, así como en el contraste relativo a su localización en la estructura socioeconómica: los que vivían al día frente a los que cuentan con relativa certeza sobre su futuro económico. Los primeros se han beneficiado de los programas de transferencias directas de los gobiernos morenistas, en tanto que los segundos tienen preocupación sobre la estabilidad y viabilidad de largo plazo del país.
Es decir, el meollo del contraste parece radicar en la perspectiva de tiempos. Para la cohorte que se siente satisfecha, lo que cuenta es el hoy y ahora; para el restante 40% lo que importa es la percepción de futuro: hacia dónde vamos. Se trata de perspectivas que emanan de realidades económicas y de visión muy distintas y que muestran la circunstancia de un país dividido: el que ha tenido la oportunidad de avanzar en la escala de la educación y el que se quedó atorado en un sistema educativo que no prepara para el mercado de trabajo ni para la vida. Los primeros tienen empleos confiables en tanto que los segundos cuentan con "apoyos" gubernamentales.
Las percepciones son cruciales para fines electorales, pero constituyen un riesgo cuando sus soportes son endebles. En la medida en que el gobierno pueda garantizar que su estrategia de transferencias en efectivo se mantendrá y que su valor real no se erosionará por una mayor inflación, la apuesta parecería razonable. En sentido contrario, en la medida en que la economía enfrente vientos adversos, la estrategia se torna por demás riesgosa.
Hasta este momento, el gobierno ha preservado la estrategia político-electoral diseñada por AMLO sustentada no sólo en las transferencias, sino en una visión introspectiva de la economía, orientada a proteger lo existente. Con algunas excepciones, el gobierno actual ha seguido la misma tónica, pero, aunque con un contenido más ideológico y, sobre todo, más rijoso y retador, como ilustraron los intercambios recientes con Trump, reconociendo la importancia e inevitabilidad de una estrecha relación económica con nuestros vecinos.
Si uno observa el panorama sin sesgo electorero, la apuesta del gobierno actual parece más bien temeraria. Por una parte, la economía enfrenta problemas de esencia: la inflación sigue elevada; la deuda, si bien no a niveles catastróficos, ha venido aumentando; el déficit fiscal es sumamente preocupante (y más por las calificadoras); y el potencial conflicto con Trump amenaza la viabilidad del principal motor de crecimiento de la economía, las exportaciones. Además, con excepción del asunto de la seguridad, donde es claro que se está intentando una nueva estrategia, el gobierno no está haciendo nada para revertir las malas tendencias que se observan en educación, salud, infraestructura, justicia y Estado de derecho. En todo caso, las reformas de los meses pasados en materia de justicia, energía y organismos autónomos apuntan hacia la dirección opuesta.
En diversos foros, la presidenta ha expresado su convicción de que el llamado nearshoring constituye la gran oportunidad para la construcción de un futuro exitoso. Se trata, sin duda, de una posibilidad que podría fructificar. Sin embargo, la apuesta implicaría desandar mucho de lo que se ha hecho en los últimos meses en aras de crear un entorno de predictibilidad para la inversión y condiciones para que los mexicanos que emerjan del sistema educativo cuenten con las calificaciones que demanda el mercado de trabajo. Hoy ciertamente no estamos ahí.
Cuando uno ve los números de aprobación y desaprobación del gobierno, la pregunta relevante es quién tendrá razón al final del camino: los que están satisfechos o quienes están preocupados porque ven que los riesgos se elevan y que las oportunidades probablemente no son tales.
ÁTICO
Los mexicanos están divididos, pero la mayoría aprueba a la presidenta; ¿su popularidad será sostenible con la estrategia actual?
