Perforación de pozos profundos, ¿frágil remedio frente a crisis hídrica?

Según una nota que publicó este mismo diario dentro de su Resumen Económico 2024, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón tuvo una “histórica inversión” en pozos de agua durante los últimos dos años. 

“En el 2023 entraron en operación 14 norias, mientras que en 2024 fueron ocho nuevas fuentes de abastecimiento las que se incorporaron al sistema de abasto urbano. De esta manera, el último año cerró con un total de 93 pozos en operación en esta ciudad”, se lee en la publicación. 

Aunque lo anterior son sólo datos referentes al municipio de Torreón, en los últimos años la apertura de pozos profundos se volvió una constante en toda la región lagunera, debido a que se trata de una medida que de algún modo “remedia” la demanda de agua para su uso agrícola y doméstico. 

En ese sentido, esta acción que las autoridades han ejecutado frente a la crisis hídrica, más que ser una solución integral, podría encuadrar en una deducción simple: perforar nuevos pozos o los que ya existen hacerlos más profundos, para obtener cada vez más agua del subsuelo. 

El problema es que este “remedio” trae consigo problemas graves, por ejemplo, la sobreexplotación del acuífero Principal Región Lagunera, el cual, justo por la actividad de esos pozos, actualmente está vedado, es decir, por ahora no se pueden edificar nuevos pozos. 

Según la actualización de la disponibilidad media anual de agua, publicada en el 2024 por la Gerencia de Aguas Subterráneas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este acuífero tiene 2 mil 350 pozos y se encuentra en una situación de sobreexplotación, con un déficit de 111,446,022 metros cúbicos anuales. Lo que significa, como ya se mencionó, que no existe un volumen disponible para otorgar nuevas concesiones.

Asimismo, el documento describe que, al analizar la calidad del agua subterránea de este acuífero, se encontró que presenta concentraciones por arriba del límite máximo permisible (LMP) en varios parámetros, incluyendo sólidos totales disueltos (STD), sulfatos, bicarbonatos, cloruros, dureza total, nitratos, calcio, sodio, hierro y arsénico. 

Debido a esos hallazgos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se encuentra en una situación legal complicada por el incumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en favor de este acuífero. La Corte determinó que estaba siendo sobreexplotado debido a las omisiones de la Conagua.

La sentencia, que, cabe destacar, fue obtenida por organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas, busca precisamente frenar la sobreexplotación del acuífero. 

Actualmente, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal y Administrativa está revisando el caso y podría determinar que la Semarnat ha incumplido con la sentencia. Si esto ocurre, todo será remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que podría resultar en la destitución de Alicia Bárcena, titular de la dependencia ligada al medio ambiente. 

Hasta aquí podemos escribir que es innegable que el acuífero lagunero está siendo saqueado, en ese sentido y también ante la evidente escasez de agua que experimentan los habitantes de la Comarca Lagunera, este diario se preguntó cuáles eran las consecuencias de tener un acuífero en agonía y sobre todo si la perforación de los pozos profundos son la respuesta a la problemática, o, sólo representan una falsa solución frente a la crisis hídrica. 

Para tratar de profundizar y dar respuesta a esas cuestiones, se entrevistó a Arturo Rosales Quintana, actual director de la Facultad de Ingeniería Civil Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de La Laguna, quién trabajó por 25 años en la Comisión Nacional del Agua. También se buscó la opinión de Miguel Ángel Hernández Muñiz, director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos, que en los últimos años ha estudiado el tema del agua y trabajado en soluciones integrales. 

Asimismo, el investigador Javier Castro Larragoitia, habló sobre el estado actual de los pozos laguneros. Y aunque se buscó la postura de Conagua, al cierre de este reportaje no se obtuvo ninguna respuesta por parte de la dependencia. 

ESTRATEGIA DE POZOS NO ES SOSTENIBLE A LARGO PLAZO 

Arturo Rosales Quintana, en su trayectoria profesional, que como ya se mencionó, incluye 25 años en Conagua, ha sido testigo directo de las políticas, desafíos y prácticas que afectan el acceso y la gestión del agua en una de las zonas más áridas del país. 

Según Rosales, aunque los pozos profundos han sido una solución histórica para satisfacer las necesidades de agua en la región, esta estrategia no es sostenible a largo plazo, especialmente ante la creciente sobreexplotación del acuífero. 

Arturo Rosales recordó que los pozos profundos comenzaron a usarse en La Laguna desde los años 30. 

“De 1936 a 1946, en esa década, fue cuando se construyó la presa Lázaro Cárdenas y el Palmito, pero paralelamente y como reforzamiento a la administración del agua, se hicieron perforaciones de pozos profundos para alimentar la cuestión agrícola”. 

Como dato histórico informó que el primer pozo profundo que se construyó en La Laguna se ubicó en El Campestre, de Gómez Palacio. “Ese es el pozo número uno de la región, registrado en la Conagua”. 

Los pozos profundos, descritos como “popotes que sacan el agua del acuífero”, fueron fundamentales para el desarrollo económico y social de la región, sin embargo, después de décadas de uso desmedido y falta de regulación efectiva, han llevado al acuífero a un estado de sobreexplotación. 

Actualmente, menciona el experto, existen cerca de cinco mil pozos en la región lagunera, aunque no todos están en uso. “Muchos ya no operan porque sus concesiones no fueron renovadas, están clausuradas o simplemente abandonadas. De los pozos activos, los principales usuarios son los agricultores, quienes poseen más de 3 mil pozos, mientras que organismos como Simas Torreón operan alrededor de 84 pozos para uso público urbano”, detalló Rosales. 

Uno de los puntos más polémicos que abordó Rosales en la entrevista, es la percepción de que el agua subterránea podría agotarse. Según él, esto no es del todo cierto. “El agua no se va a acabar; lo que sí está pasando es que estamos extrayendo más de lo que se recarga naturalmente”.

Señaló que lo anterior provoca que el nivel freático, es decir, la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea en relación con la superficie del suelo, descienda constantemente entre 80 centímetros y un metro por año. Asimismo, dijo, extraer agua se vuelve cada vez más costoso y complejo, porque cada vez se ubica a mayor profundidad. 

“Por ejemplo, aquí donde estamos (en Ciudad Universitaria de Torreón), tenemos un pozo del Simas en la esquina. Ese pozo tiene más de 200 metros de profundidad, pero le aseguro que en aquellos años mozos de los 40, 50, 60, y todavía los 70, el agua estaba apenas a unos 50 o 60 metros, es decir, se encontraba más fácilmente”. 

Y ¿Cuáles son las consecuencias de que el nivel freático descienda? El ingeniero mencionó que, una, podría ser el incremento del arsénico en el agua, otra, la formación de grietas en el suelo, así como también la desaparición de manantiales históricos, como por ejemplo el manantial Guerra en Viesca, que, recordó, dejó de fluir en los años 40. 

POZOS ILEGALES Y FALTA DE SUPERVISIÓN

Otro problema grave en este contexto es la existencia de pozos ilegales. Rosales, con su experiencia en Conagua, describió cómo algunos pozos clausurados vuelven a operar de manera irregular. “En algunos casos, los vecinos denuncian que alguien sigue extrayendo agua de un pozo clausurado. Instalan bombas sumergibles de forma clandestina y continúan explotando el acuífero sin autorización”, relató.

La vigilancia de los pozos es limitada debido a la falta de personal. “La Conagua cuenta con solo cinco inspectores para supervisar los pozos en la región. Esto es claramente insuficiente. Se necesita reforzar el área de inspección, que es el talón de Aquiles de la gestión del agua”, afirmó.

En ese sentido, Rosales criticó la falta de atención de los gobiernos hacia el manejo del agua. Recordó cómo la Conagua pasó de ser una Secretaría de Estado a un órgano desconcentrado dentro de la Semarnat, lo que redujo su presupuesto y capacidad operativa.

“El agua es nuestro oro blanco, pero los políticos no le dan la prioridad que merece. La gestión del agua debería ser un tema central en la agenda pública”, sentenció.

También señaló que la influencia política y económica de grandes agricultores dificulta la regulación del uso del agua. “Hay concesiones que deberían revisarse y ajustarse para garantizar un uso más equitativo y sostenible del recurso”.

Para Rosales la solución a la crisis hídrica no está en perforar más pozos profundos. “Necesitamos un enfoque responsable y sostenible para gestionar el agua. El agua no se va a acabar, pero si no hacemos cambios importantes, nos enfrentaremos a una escasez cada vez mayor de agua limpia, lo cual tendría graves consecuencias sociales y económicas”.

“ENFRENTAMOS UN GRAVE PROBLEMA DE CALIDAD DE AGUA”

Para Miguel Ángel Hernández Muñiz, director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos, la Comarca Lagunera atraviesa una crisis hídrica que afecta la calidad y disponibilidad del agua, comprometiendo no sólo el bienestar de su población sino también su desarrollo económico.

“En toda la Comarca Lagunera enfrentamos un grave problema de calidad del agua. Principalmente, el arsénico está presente en la mayoría de los pozos y, por ende, en el agua que llega a los hogares”.

Aunque muchas personas creen que al no consumir agua directamente de la llave están a salvo, el experto alerta que la contaminación por arsénico también ocurre a través de los alimentos preparados con esta agua, afectando a toda la población sin distinción.

Informó que más del 85 por ciento de los pozos en Torreón tienen niveles de arsénico por encima de la norma oficial mexicana. “Hemos normalizado la presencia de este elemento en nuestra vida cotidiana, lo cual es extremadamente peligroso. Muchas familias están desarrollando enfermedades crónico-degenerativas debido a su exposición, afectando su salud y dignidad humana”.

El agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento en la región, pero su extracción supera con creces la capacidad de recarga natural del acuífero. Según Hernández Muñiz, la Conagua estima una recarga anual de 600 millones de metros cúbicos, mientras que la extracción supera los mil 200 millones de metros cúbicos.

Dijo que hace aproximadamente dos décadas, el nivel estático de los pozos estaba a 50 metros de profundidad. Hoy, se encuentra a más de 300 metros, lo que no sólo encarece la perforación, sino que también incrementa la contaminación.

“A mayor profundidad, encontramos mayores concentraciones de elementos dañinos como arsénico, flúor, cadmio y recientemente uranio”, explicó.

Dijo que a pesar de que se perforan nuevos pozos cada año, esto no representa una solución real, sino sólo un parche temporal. La mayoría de estas perforaciones son para sustituir pozos que han sido abatidos, lo que evidencia el desgaste del recurso hídrico.

HACIA UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

Hernández Muñiz enfatiza que la solución a la crisis hídrica requiere un enfoque integral que contemple tanto la gobernanza del agua como la regulación del uso industrial.

“Es fundamental que la agroindustria se regule y utilice los volúmenes de agua que el acuífero puede sostener. De lo contrario, las actividades económicas y sociales de la región se verán gravemente comprometidas”.

Además, insiste en que la población debe ser consciente de la gravedad del problema y exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones. “No podemos normalizar la tragedia de vivir sin agua de calidad. Es hora de que las autoridades trabajen en programas y políticas públicas que garanticen este derecho humano”.

SIN INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LOS POZOS LAGUNEROS

Javier Castro Larragoitia, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), realizó, junto un equipo de trabajo, entre 2020 y 2023, un estudio sobre pozos en La Laguna respaldado por Conacyt.

En este proyecto analizaron la calidad del agua de 121 pozos en la región, y los resultados no sólo reflejaron la sobreexplotación intensiva del acuífero, sino también un panorama alarmante para la sostenibilidad hídrica de La Laguna.

"La perforación de pozos en la región comenzó hace casi un siglo como una medida para complementar el riego cuando el agua superficial del río Nazas dejó de ser suficiente", explicó Castro. Actualmente, se desconoce con precisión cuántos pozos existen en operación, ya que muchos no están registrados oficialmente.

"Esto genera un problema serio: la extracción intensiva supera la capacidad del acuífero para regenerarse, lo que pone en riesgo la disponibilidad de agua para el futuro".

El investigador señaló que, aunque la Conagua regula la extracción mediante concesiones, estas a menudo no reflejan la realidad. "Los pozos carecen de medidores y no es posible determinar con exactitud cuánta agua se extrae, lo que agrava la crisis".

Uno de los hallazgos más preocupantes, dijo, es el deterioro de la calidad del agua. "Mientras más profundo se extrae, el agua tiende a contener mayores concentraciones de sales, arsénico y flúor, elementos presentes naturalmente en el subsuelo de la región", advirtió.

Justo el año pasado el mismo Castro Larragoitia junto con su equipo de trabajo, encontró tazos de uranio en al menos 15 pozos de los 121 analizados, lo que se traduce a un nuevo contaminante que puede acarrear graves problemas a la salud pública, debido a que se trata de un elemento radiactivo que tiene efectos tóxicos a largo plazo.

Además de las implicaciones anteriores, la extracción de agua de mayores profundidades también implica un costo elevado. Según Castro, perforar un pozo puede costar entre 4 y 10 millones de pesos, dependiendo de su profundidad y equipamiento. A esto se suma el incremento en el consumo energético para bombear el agua desde niveles freáticos cada vez más bajos.

En ese sentido, el investigador destacó la ausencia de datos recientes sobre el nivel freático en la región. "El último estudio público se realizó en 2014-2015. Desde entonces, no se ha actualizado la información de manera regular, lo que es imprescindible para una planeación sostenible", señaló.

Castro indicó que, según estimaciones no oficiales, el nivel freático podría estar descendiendo entre 80 centímetros y un metro por año. En algunas zonas, esta cifra podría ser aún mayor, llegando a descender hasta cuatro metros anuales. Sin embargo, insistió en que estos datos son especulativos y subrayó la necesidad urgente de establecer sistemas de monitoreo continuo en los pozos.

Sobre si los pozos profundos son una solución, Castro fue categórico: "No podemos seguir pensando que abrir más pozos resolverá la crisis hídrica. La verdadera solución radica en buscar un equilibrio, regulando la extracción y administrando el recurso de manera sostenible".

El programa Agua Saludable para La Laguna, que busca destinar agua superficial del río Nazas al abastecimiento humano, podría aliviar parcialmente la situación. Sin embargo, el investigador advirtió que será insuficiente para cubrir todas las necesidades de la región. "La extracción de agua subterránea seguirá siendo necesaria, pero debe hacerse con un control estricto".

Castro Larragoitia confía en que recientes resoluciones legales, como la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, obliguen a la Conagua a tomar medidas efectivas. Estas incluyen cerrar pozos ilegales, monitorear los niveles freáticos y garantizar un uso más equitativo del recurso.

“Es una tarea en la que deben participar tanto las autoridades como los usuarios, porque el futuro de la Laguna depende de ello”, concluyó.