Quince días antes de que Trump asumiera la presidencia el 20 de enero, Biden prohibió nuevas perforaciones petroleras en la mayor parte de las costas de Estados Unidos.
Biden emitió protecciones para las aguas estadounidenses y prohibió nuevas extracciones de petróleo en la costa atlántica, el este del Golfo de México, la costa del Pacífico frente a los estados de California, Oregon y Washington, y parte del mar de Bering.
Organizaciones ambientalistas elogiaron la medida, mientras que Donald Trump afirmaba que revertiría la prohibición inmediatamente después de asumir la presidencia y cumpliría su promesa de campaña de "perforar y perforar".
No estaba claro si Trump podría revertir la prohibición sin la aprobación del Congreso, informó Democracy Now!
Trump había nominado al magnate petrolero Chris Wright para secretario de Energía el 16 de noviembre.
El 3 de febrero el Senado confirmó como secretario de Energía a Wright -Christopher Allen Wright-, ejecutivo de la industria del fracking y negacionista del cambio climático.
Es fundador y director ejecutivo de Liberty Energy, la segunda mayor empresa de servicios de extracción de combustibles fósiles por fracturación hidráulica de América del Norte, con sede en Denver, y hasta hace poco formó parte del consejo directivo de Oklo, corporación emergente de energía nuclear.
Wright integra además el consejo de administración de EMX Royalti, compañía dedicada a pagos de regalías por derechos minerales y de minería.
La confirmación de Wright se produjo al tiempo que Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) enviaba correos electrónicos a más de 1,100 trabajadores de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) recientemente contratados, en los que les advertía que podrían ser despedidos en cualquier momento.
El personal afectado trabaja en temas relacionados con cambio climático, reducción de contaminación atmosférica, energías limpias y aplicación de leyes ambientales para la instalación o reparación de tuberías de plomo.
Recordemos que en enero de 2017, Trump nombró al exdirector ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson, en el cargo de secretario de Estado apalancando el dominio de los recursos energéticos y de la política exterior.
La Administración Trump inició entonces un control sin precedentes sobre la actividad económica.
Empresarios multimillonarios, conservadores ortodoxos y militares de alto rango ocupaban la primera línea de aquel gabinete que inició el 20 de enero de 2017.
Operaban cambios radicales sobre economía, inmigración, comercio, medio ambiente y defensa, para empezar, con renaciente etiqueta proteccionista, donde la marea del libre comercio retrocedía y su lugar era ocupado por una nueva etapa de intervencionismo estatal de puño duro.
Desde la autoridad central del Estado, sus decisiones políticas y económicas repercutían en el sistema global. Antes de asumir la presidencia en 2017, Trump ya había impactado la economía mexicana con la mayor devaluación del peso, colapsado el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), descarrilado el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión de Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP), obligado el regreso de potentes industrias manufactureras a territorio estadounidense, amenazado con echar del país mano de obra migrante indocumentada así como, dijo, la violatoria de los programas de visas, incluyendo la advertencia de incautación de cuantiosas remesas de dinero que enviaban a sus familias, y la construcción de un muro fronterizo que, reiteró, pagarían incluso con aranceles sus cercanos vecinos del sur, considerados hasta entonces socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pendiente de renegociación, en muy alta tensión con México. Un rechazo estratégico a las doctrinas del libre mercado.
El Estado como principal actor económico que abre camino a un pequeño grupo de grandes capitalistas. Forbes informó, en esa ocasión, que los diez estadounidenses más ricos aumentaron en casi 16.000 millones de dólares su patrimonio neto combinado desde que Trump asumió la presidencia, en unas cuantas horas.
No era caso único. A raíz de la crisis económica global de 2008 gobiernos de países ricos -Japón, Australia, europeos, Estados Unidos- aceleraron la intervención del Estado en sus economías con reservas a través de políticas de rescate de bancos y compañías privadas bajo el considerando de devolver los sectores averiados a manos privadas una vez recuperada la salud.
Al encaminar su política energética, que se resumía en más carbón e hidrocarburos y retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, Trump ordenó la reactivación de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access, megaproyectos que Obama suspendió por la resistencia masiva de ambientalistas y pueblos indígenas.
El proyecto Keystone transportaría 830,000 barriles de petróleo crudo diario desde las arenas bituminosas de Alberta, Canadá, a las refinerías de su costa del Golfo renombrado De América para exportación.
El Dakota Access transportaría hasta 570,000 barriles de petróleo diario de Dakota del Norte a Illinois.
Ambos atraviesan territorios y cuencas de ríos históricamente de naciones originarias de lo que hoy es Canadá y Estados Unidos.
La tribu Sioux y aliados se oponían desde abril de 2016 a la instalación del oleoducto Dakota Access, a una milla de la reserva de Standing Rock, debajo del río Missouri y de las reservas de agua del lago Oahe y temían una ruptura del oleoducto que podría envenenar las fuentes de líquido potable que abastece a 17 millones de personas, motivo por el cual consideraban los memorandos presidenciales como una declaración de guerra.
Los encargados de garantizar la construcción eran los secretarios de Estado, Rex Tillerson, de la Defensa, James "Perro Loco" Mattis, y de Energía, Rick Perry.
Ahora el secretario de Energía, Chris Wright, tiene la misión de "perforar y perforar".
@kardenche
