Organizaciones sindicales y empresariales se pronunciaron a favor del fortalecimiento del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la protección de los ahorros de los trabajadores y la transparencia en el manejo de los recursos.
Además, rechazaron cualquier caso de corrupción, lo que en todo caso, el gobierno federal tendría que señalar, denunciar, perseguir y castigar.
Aunque en la discusión de la reforma a la Ley del Infonavit se han realizado cambios respecto a la propuesta inicial, como la incorporación del principio de toma de decisiones de forma tripartita y equitativa, no se atendieron todas las propuestas de estos sectores para fortalecer al Instituto.
Cabe destacar que, antes de la discusión en el Congreso, las organizaciones de trabajadores y empresarios solicitaron un diálogo directo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pero fueron recibidos por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica, Ernestina Godoy y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza.
En ese encuentro se acordaron puntos irreductibles que serían modificados en el dictamen final en la Cámara de Diputados; sin embargo, el 1 de febrero, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas sin incorporar estos cambios acordados.
“Consideramos que las reformas aprobadas no contribuyen a fortalecer una institución emblemática de más de 50 años, que ha garantizado el acceso a la vivienda de millones de trabajadores cuyos recursos provienen de las aportaciones de los empleadores”, señalaron los organismos en un comunicado.
Ante ello, se pronunciaron porque se revisen a fondo y se mejoren algunos aspectos de la reforma, tales como la presidencia en los órganos colegiados, además de que se continúe con una presidencia rotativa por los integrantes designados por los representantes de trabajadores, patrones y gobierno.
Los sindicatos y empresarios del país pidieron también la participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en toda la operación del Infonavit, de manera que asista a la Secretaría de Hacienda en tareas de auditoría y vigilancia bajo criterios de prudencia y sanas prácticas, sin apego a normas contables y financieras.
Esta restricción limita la efectividad de la supervisión del Instituto como entidad otorgante de créditos.
Otra de las propuestas se centra en la función de la Asamblea General como máximo órgano de gobernanza, dado que la reforma limita la función de la misma al simple conocimiento de los planes, programas y presupuestos del Instituto, en lugar de facultarla para examinarlos y aprobarlos. “Proponemos que la Asamblea General tenga una participación activa, participativa y deliberativa y apruebe todos los planes, programas y presupuestos, atendiendo a su naturaleza de ser la autoridad máxima del instituto”, señala el documento.
La iniciativa se acompaña de otras propuestas, como que la empresa constructora filial forme parte del Instituto, pues a decir del sector empresarial, operará sin estar sujeta a la supervisión de éste, pese a que se encargará de manejar los recursos de los trabajadores para la construcción de viviendas.
