En unos cuantos meses han cambiado las condiciones para las organizaciones del movimiento nacional a favor de las personas desaparecidas.
A partir de 2022 Andrés Manuel López Obrador intentó minimizar y reducir la cifra de quienes desaparecieron para vagar en la memoria de sus seres queridos. Fracasó y la multiplicó. Entre 2019 y 2024 los homicidios dolosos disminuyeron en un 17.6% y la cifra de personas desaparecidas creció en un ¡51.7%!
La actual presidenta -hay que reconocerlo- empezó a modificar el desdén hacia los desaparecidos. Los diálogos privados desembocaron en las reuniones que mantuvieron la titular de Gobernación y las buscadoras. Claudia Sheinbaum atendió personalmente en tres ocasiones a las familias de los 43. Rescato aspectos esenciales apoyándome en versiones de participantes.
En la primera, como presidenta electa (29 de julio de 2024), las familias le pidieron que el Ejército entregara las grabaciones de conversaciones telefónicas hechas por el CERFI, el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el relevo del fiscal especial. Sheinbaum se negó, pero en reuniones posteriores (4 de diciembre de 2024 y 28 de febrero de 2025) dijo que la SSPC analizaría, otra vez, las conversaciones telefónicas y los mensajes transmitidos aquella noche. Fue empática sin hacer cambios a profundidad.
El panorama se modificó en marzo y abril. Pese a la ofensiva gubernamental contra las organizaciones criminales, en el Washington trumpista insisten en operaciones militares unilaterales. Dos fuentes me dicen que la insistencia de acciones unilaterales provocó, en Semana Santa, una agria conversación telefónica entre Sheinbaum y Trump. Mientras tanto, el CJNG mostraba su músculo militar en Michoacán y estados colindantes. Dos frentes abiertos para el gobierno.
Teuchitlán y la ONU catapultaron la notoriedad de las buscadoras entre las que destacan el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, las familias de Ayotzinapa, la Red de Enlaces Nacionales y la Glorieta por los Desaparecidos. Enfatizaré el caso de Ayotzinapa porque en septiembre será otro aniversario de la tragedia y arreciarán sus manifestaciones, y por su interlocución con la presidenta.
Se mantiene la disputa entre dos narrativas. Para las víctimas "fue el Estado", postura validada en agosto de 2022 por el entonces subsecretario Alejandro Encinas: "fue un crimen de Estado con encubrimiento al más alto nivel". Los presidentes piensan diferente. Enrique Peña Nieto sostuvo que no participó ningún militar; López Obrador terminó sosteniendo que hubo participación de militares individuales en delincuencia organizada, mas no en la desaparición. Se aferran a la tesis de que fue un problema local.
Durante la segunda reunión con las familias de los 43 la presidenta se mostró dispuesta a tomar en cuenta cualquier información novedosa sobre el caso. Eso me lleva al contenido de tres acervos clave sobre el caso de Ayotzinapa.
Están las transcripciones de mensajes de texto entregadas por la DEA a la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa, los "CERFIS" (intercepciones telefónicas hechas por el Ejército) y el material diseminado en los Guacamaya Leaks. Los tres contienen documentos gubernamentales que pueden dar la clave sobre los pactos de impunidad en uno de los casos más estudiados de nuestra historia.
Lo conocido sobre esos cuerpos documentales refuerza la tesis central de las víctimas de que "fue el Estado" y refutan el argumento de que fueron relaciones de complicidad de actores locales. Estudiarles en detalle permitiría, tal vez, entender hasta dónde llega la red de complicidades y la responsabilidad del Estado en la desaparición de personas.
Para eso y para mejorar la atención a las buscadoras y evitar más desapariciones ayudaría, y mucho, que algunas de las principales expresiones de ese movimiento consensen una agenda mínima de negociación con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
En tanto eso pasa el gobierno federal debe proteger a las buscadoras (ya van cinco asesinadas en 2025) y prepararse para la llegada en septiembre del Comité de Desaparición Forzada de la ONU. El tiempo apremia y la presidenta tendrá que definir y explicitar pronto su política sobre uno de los grandes problemas nacionales.
@sergioaguayo
Colaboraron Dulce Torres Hernández y Erika Giselle Delgadillo
