¿Qué debe saberse sobre las agresiones a la prensa como en protesta de Nuevo Mieleras?
Ayer miércoles, diversos miembros de la prensa fueron presuntamente agredidos por agentes de la Policía Municipal durante la cobertura de una protesta ciudadana por habitantes del ejido Nuevo Mieleras quienes demandaban justicia tras el homicidio del joven Rolando Medina por un disparo de un elemento del Grupo de Reacción (GRT).
Entre los presuntos hechos registrados está la agresión física contra una reportera del medio Zócalo de Saltillo quien fue empujada y cayó al suelo; una reportera de Meganoticias a quien le dañaron su celular y aparte la toma de video por parte de los elementos de quienes realizaban la cobertura.
La violencia contra los periodistas, señala la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) tiene los efectos de vulnerar el derecho de las víctimas a expresar y difundir ideas, opiniones e información; generar un efecto amedrentador y de silenciamiento y violar los derechos de las personas y las sociedades que buscan informarse.
Los Estados, señala la CIDH, tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de los delitos contra comunicadores al agotar las líneas de investigación, actuando con debida diligencia para efectuar un caso en un plazo razonable, evitando dilaciones o entorpecimientos injustificados.
En agosto de 2022, el medio Animal Político reportó que desde 2012 no se había concretado la instalación de la comisión de prevención y protección de periodistas.
La organización Artículo 19 documentó 14 agresiones en Coahuila durante 2024, tres de ellas de carácter digital. En su reporte “Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información” destaca que a nivel nacional tal como en 2023, los principales agresores de la libertad de expresión son las autoridades mexicanas.
Leyes en Coahuila
Fue hace más de 10 años que fue publicada en el Periódico Oficial la Ley para la Protección de las y los Periodistas del Estado de Coahuila de Zaragoza. Su última modificación ocurrió en diciembre de 2020.
Para los efectos de la Ley, la agresión es descrita como un “Daño a la integridad física, psicológica, amenazas, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad y la libertad de expresión, sufran las y los periodistas en el Estado de Coahuila”.
En este caso se señala que corresponde al Estado el vigilar y cumplimentar la aplicación de la ley.
