IMSS-Bienestar. (ARCHIVO)
El modelo del IMSS-Bienestar aceptado ya en 23 estados y que será discutido por el gobernador de Durango, Esteban Villegas, con la presidenta Claudia Sheinbaum, fue delineado durante la administración del presidente López Obrador a fin de garantizar una adecuada atención médica.
Su antecesor fue el desaparecido Seguro Popular, creado durante el sexenio del panista Vicente Fox y que funcionaba incorporando a los mexicanos sin seguridad social a un esquema de “aseguramiento” para recibir atención médica.
Una vez completados los trámites de entrega de documentación oficial y pasar por un estudio socioeconómico para determinar cuánto debía pagar la persona, el Seguro Popular entregaba una póliza con una duración de tres años donde se garantizaba la cobertura de 294 intervenciones, 633 tipos de medicamentos y 37 insumos.
Siendo los subsistemas estatales los que decidían cómo y en qué se gastaban los recursos.
La gran diferencia ahora es que para las personas sin acceso a la seguridad social y que habitan en los estados integrados al IMSS-Bienestar, el gobierno federal dice asegurarles el acceso a la atención médica y hospitalaria gratuita de los tres niveles, tener exámenes médicos y abasto a los medicamentos cubiertos sin costo.
¿Dónde quedan los estados?, en el artículo de mayo de 2023 Las entidades federativas: del Seguro Popular al IMSS-Bienestar del académico Luis Javier Cortés Adame se advierte que ahora se implementa un esquema centralizado en el gobierno federal para financiar y operar la infraestructura médica existente en las entidades a fin de brindar los servicios de salud.
En este caso, los estados ceden su infraestructura, el pago de sus trabajadores y el proceso de contratación de personal y dependen también de la compra consolidada de los medicamentos.
Con la adhesión al IMSS-Bienestar y la concentración de los recursos en este instituto, las Secretarías de Salud en los estados quedan limitadas a solamente desarrollar y formular programas de salud y elaborar información estadística local para proporcionar a las autoridades federales, cediendo casi el 90 % de los recursos que recibían del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, según Cortés Adame.
