¿Qué sucede con las personas que son víctimas de reclutamiento forzado?
Con el redescubrimiento del rancho Izaguirre en Teuchitlán brotaron testimonios de jornaleros que fueron víctima de diversos delitos así como de personas que fueron engañadas bajo falsas ofertas de trabajo y terminaron en el predio.
Desde hace años, organizaciones han señalado que en México el crimen organizado utiliza el reclutamiento forzado para incorporar a sus actividades ilegales a menores de edad y personas vulnerables.
En febrero de 2024 durante la presentación de una reforma al Código Penal Federal se informó que la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) ha alertado que existen hasta 250 mil menores que están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
Un documento del Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes (ONPRENNA) cita que el reclutamiento forzado es descrito como una acción por parte de una persona o varias del crimen organizado quienes mediante la violencia física, psicológica, económica o conductas delictivas captan a las personas.
Algunos contextos de este tipo de reclutamiento son:
- Privación de la libertad
- Extorsión
- Trata y tráfico de menores
- Amenazas
- Chantaje
- Intimidación
- Maltrato físico
Integrantes de colectivos de búsqueda revelaron en su momento tras el hallazgo de restos humanos y pertenencias en el rancho de Teuchitlán que las personas víctimas de la delincuencia luego eran forzadas a servir al Cártel Jalisco, recibiendo entrenamiento e incluso siendo grabados cometiendo delitos para ser señalados ante las autoridades en caso de que huyeran.
Otros supuestos testimonios más recientes apuntan que algunas de las personas que estuvieron en el rancho Izaguirre fueron explotadas para servir en campos agrícolas.
El artículo académico “Gobernando con violencia: El ejercicio de gobernanza criminal del cártel mexicano ‘Cartel Jalisco Nueva Generación’ (CJNG)” publicado en 2023 por los académicos Carolina Sampó, Nicole Jenne y Marcos Alan Ferreira reiteró que el Cártel utiliza ofertas de trabajo que prometen empleo en compañías trasnacionales como guardaespaldas, guardias de seguridad privada o choferes. En otros casos los jóvenes son reclutados bajo promesas falsas en sus hogares y obligados a asistir a campos de entrenamiento como el rancho Izaguirre.
Estas acciones contrastan con las declaraciones del grupo criminal en redes sociales donde aseguran y "prometen" a la población civil que no será privada de su libertad, extorsionada u oprimida.
