Regidores de Torreón respaldan modificaciones a la reforma Judicial
Natalia Fernández Martínez, presidenta de la comisión de Gobernación y Reglamentación, dijo que el Congreso del estado de Coahuila pidió al Cabido que manifestara su sentir respecto a la reforma constitucional, derivada de una modificación que se hace en ciertos artículos para efecto de la cuestión de fiscalización.
"Con esta modificación, la fiscalización la va a llevar el Instituto Nacional Electoral y no el Instituto Electoral de Coahuila", explicó, esto en el marco de la próxima elección judicial en la que se busca que haya las condiciones claras para todos los candidatos a juezas, jueces y magistrados en las campañas.
La síndica de mayoría en el Ayuntamiento señaló que se hizo la reforma por parte del Congreso y se pide a los 38 ayuntamientos que se puedan pasar el sentir. En este sentido, mencionó que se requiere de dos terceras partes, por lo que serían 27 municipios, y Torreón respaldó la iniciativa.
El documento del Congreso estatal señala que para el efecto de armonizar sobre dichas competencias en el texto de la Constitución Política del Estado de Coahuila, tratándose de la fiscalización de recursos debe precisarse que, en los términos que señala el artículo 41, compete al INE por conducto de su Consejo General, para los procesos electorales tanto federales como locales, llevar a cabo la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidaturas. Función que, de acuerdo al último párrafo de ese apartado B, podrá delegarse.
En sincronía con dichas disposiciones, el artículo 32, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, determina que corresponde al INE, para los procesos electorales federales y locales, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidaturas.
Siendo así entonces, la vigilancia del origen, uso y destino de los recursos públicos y privados de los partidos políticos y candidaturas, son funciones comprendidas dentro de la fiscalización y, por tanto, exclusivas del INE.
Ahora bien, en el caso de las candidaturas judiciales que, en los términos de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, no recibirán financiamiento público para el desarrollo de sus actividades en la etapa de campaña electoral judicial, su fiscalización debe sujetarse a la vigilancia de su origen, uso y destino, esto es, a los mismos criterios de fiscalización de recursos que se realiza en otros procesos electorales y que han sido y son definidos por el INE.
