Norma Piña, entrevista para la BBC
agínense, una celebración de la Constitución, un acto republicano al que no se invita al poder judicial. Parecería una broma autoritaria, pero no en México. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó: "La Corte no está invitada. No va a haber ningún representante. Va a estar el poder legislativo y el poder judicial". Y añadió: "Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto".
Lejos ha quedado el discurso del expresidente López Obrador al recibir su constancia de mayoría el 8 de agosto de 2018: "En el nuevo gobierno el presidente de la república no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes, ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones, ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto con sus veredictos". No solo violó esta promesa, sino que lanzó una guerra contra la independencia del poder judicial, que está a punto de ganar.
La rabia de López Obrador contra la Suprema Corte y el poder judicial surgió de las suspensiones, amparos y fallos que no lo favorecieron, aunque hubo muchos más que sí que pronto olvidó. Los rechazos se debieron a que emitió decretos y mandó iniciativas al Congreso abiertamente inconstitucionales. El mismo Ricardo Monreal lo reconoció cuando era coordinador de la mayoría morenista en el Senado en diciembre de 2022 al votar en contra del "plan B" en materia de electricidad: "Protesté para cumplir y hacer cumplir la Constitución. No es un asunto político, oportunista o coyuntural. Es la Constitución, y en eso me sostengo".
El propio López Obrador reconoció que le pedía ayuda a Arturo Zaldívar, cuando era presidente de la Corte, para que los fallos favorecieran las posiciones del gobierno: "Era para casos muy especiales de Estado", declaró. "Le decía: 'Hable con el juez, pídale que revise el caso, nos va a meter en algún problema'". Su gran odio contra Norma Piña fue producto de que ella, por respeto de la ley, no quiso interferir con la independencia de los jueces.
A López Obrador la ley no le importaba: "Y que no me salgan con el cuento de que la ley es la ley", advirtió a los ministros. Hace un año, el 5 de febrero de 2024, lanzó una iniciativa de "reforma judicial" que no resolvía ninguno de los problemas de la justicia en el país, pero que sí destituía a los juzgadores para reemplazarlos por otros que serían electos por voto popular entre candidatos seleccionados por el gobierno y sus bancadas. El objetivo era poner fin a la molesta independencia de los jueces.
Es de lamentar que la presidenta Sheinbaum no solo haya persistido en imponer esta reforma, sino que ahora descarte la presencia del poder judicial en una reunión que por su naturaleza debería tener representantes de los tres poderes de la república. ¿Cómo puede el gobierno pedir unidad frente a las agresiones de Donald Trump si la presidenta desprecia de tal forma al poder judicial?
El mensaje es triste, pero claro. Un poder judicial independiente no tiene cabida en este nuevo régimen. El único poder judicial aceptable es el que se someta a los dictados del ejecutivo. Ya invitarán a los ministros cuando Lenia sea presidenta de la Corte.
Es un pésimo precedente. Hoy la presidenta Sheinbaum y sus aliados tienen todo el poder y pueden imponer las medidas que quieran. Pero la política es cambiante por naturaleza. Alguien que no sea de su grupo puede alcanzar el poder en un futuro cercano o lejano, y podrá cometer estos abusos y más. Ese es el gran riesgo de concentrar todo el poder en una sola persona.
PRÓRROGA
No olvidemos que es una prórroga. La amenaza de los aranceles de Trump no ha desaparecido. Por lo pronto, mientras persista la amenaza no habrá nuevas inversiones extranjeras. Nadie aprovechará las oportunidades de México si no sabe cuánto pagarán en aranceles sus productos al ingresar a Estados Unidos.
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