El Club Santos Laguna reiteró este viernes su rechazo tajante a lo que considera “presiones judiciales” en torno al proceso legal que enfrenta su presidente, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) busca por una presunta defraudación fiscal superior a los 17 millones de pesos.
A través de un comunicado difundido esta mañana, la institución lagunera cuestionó la legalidad de la orden de aprehensión emitida contra el también dueño de Grupo Orlegi. Señala que esta se originó por una supuesta inasistencia a una audiencia judicial relacionada con el club, a pesar de que Irarragorri compareció puntualmente mediante videoconferencia el pasado 20 de marzo.
“El Juez decidió cancelar dicha audiencia mientras se desarrollaba y citó sorpresivamente a una nueva para el lunes 24 de marzo, sin cumplir con los tiempos legales ni emitir apercibimiento formal”, detalló el club. Por ello, consideran que su presunta ausencia no justificaría medidas cautelares como la orden de captura.
Santos Laguna afirmó que su directivo ha actuado con “pleno apego a la ley y a todas las disposiciones respectivas aplicables”, y lamentó que un desacuerdo en materia fiscal “que puede y debe dirimirse por vías administrativas” haya escalado al ámbito penal.
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El exjugador de Santos Laguna tuvo un tenso cruce con un periodista tras el empate entre Colo Colo y Racing, reavivando recuerdos de su conflicto con la afición lagunera en 2022El caso cobró fuerza esta semana tras revelarse que Karla Cecilia Marín, asistente de Registros del Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, declaró a Irarragorri como “evadido de la justicia” por no presentarse a la audiencia presencial del 24 de marzo.
Uno de los abogados del empresario, consultado por el diario Reforma, indicó que la orden de aprehensión fue girada “contra todas las formalidades legales” y que ya se promovió un juicio de amparo.
En su pronunciamiento, el Club Santos recordó que tanto el debido proceso como la presunción de inocencia son principios fundamentales del Estado de Derecho, y advirtió que hará valer sus derechos “rechazando cualquier intento de presión, aunque esté disfrazado de un acto judicial”.
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