Pese a tensión, vértigo y adversidad prevalecientes, es preciso ver de conjunto y revisar las acciones gubernamentales en el campo de la seguridad, la política y las finanzas para conjurar que, por falta de cálculo y perspectiva, se vayan a engendrar problemas semejantes o superiores a los que se pretenden resolver.
Ciertamente, la circunstancia demanda actuar rápido, incluso, de bote pronto o sortear el evento del día. Sin embargo, no advertir los efectos secundarios o no deseados de las acciones puede arrojar un resultado contraproducente de más difícil arreglo.
Por eso, conviene a veces destinar a un colaborador o equipo compacto a no operar nada, pero sí a observar todo a fin de asegurar una visión integral no sólo de cuánto acontece, sino también de la repercusión de cuánto se hace o se deja de hacer.
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Cabe la reflexión porque si bien la actuación oficial ante el crimen causa buena impresión, su trasfondo deja entrever signos de incompatibilidad o contradicción con otras operaciones. Y esa falta de coordinación, acompañamiento o sintonía puede conducir a cambiar un problema por otro o, peor aún, a combinarlos o complicarlos, dificultando aún más la solución.
Ese es el caso del giro dado en la política anticriminal. El gobierno supo aprovechar y conjugar bien el reclamo exterior con el clamor interior ante la actividad e impunidad delincuencial. Esa doble presión permitió rectificar la política anterior sin confrontar a su autor, Andrés Manuel López Obrador. Se mantuvo la atención a las causas sociales que alientan al crimen, pero se pasó a combatir la impunidad, fincando la lucha no sólo en la fuerza, sino también la inteligencia del Estado.
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Los resultados del giro en la política anticriminal son notorios y notables. Una reseña no exhaustiva da cuenta de ello. Detención de 17 mil presuntos delincuentes, incluyendo lugartenientes; entrega de 29 criminales al vecino chantajista; decomiso de 140 toneladas de droga, así como de armas, equipos y vehículos; desmantelamiento de 750 laboratorios productores de metanfetaminas; y dos golpes brutales al tráfico de combustibles. Operaciones ejecutadas, en buen número de casos --excepción de Sinaloa, donde convendría tener un gobernador--, sin gran derrame de sangre o despliegue de violencia.
Hasta ahí, la acción oficial suena bien. Pero vale la pena no perder de vista la posible reacción. El combate al crimen probablemente obligará a éste a conservar su capacidad de fuerza y fuego, llevándolo a enrolar y adiestrar a más de jóvenes, justo cuando el gobierno muestra apertura para encarar la tragedia de los desaparecidos, aunque resiste reconocer las desapariciones forzadas. El decomiso de armas, quizá, haga más jugoso el negocio del tráfico de ellas y el socio y vecino no deja ver interés por frenarlo. Si el nivel de violencia se prolonga, se pondrá en duda el tino de la estrategia. El descabezamiento de cárteles --se ha sufrido la experiencia-puede engendrar la proliferación de bandas más violentas y menos profesionales que golpearán donde le duele a la gente, por lo que es preciso reestructurar policías estatales o municipales, sobre todo, considerando que más del 90% de los delitos son del fuero común y frecuentemente esas policías sirven al crimen, no a la ciudadanía. ¿Cuál es el modelo policial en mente y cómo se comprometerá a los gobernadores a cumplir con el tramo de responsabilidad que les toca?
¿Hay una visión o cálculo de la probable reacción?
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Asimismo, el exorbitante número de detenciones plantea un triple desafío. Al sistema penitenciario nacional lo integran 300 centros con una capacidad de 217 mil 657 lugares. Sin embargo y de acuerdo con datos derivados de la inteligencia artificial, al cierre de 2023 había confinadas 233 mil 277 personas, a las cuales ahora habrá de agregar 17 mil. El sistema está rebasado y el gobierno de más de un penal lo tiene el crimen. ¿Qué hay al respecto?
Aunado a ello, llevar a juicio a esos presuntos delincuentes reclama, de un lado, contar con un número suficiente de ministerios públicos capaces y de peritos profesionales y, de otro lado, jueces y magistrados preparados. La reforma de las fiscalías no ha pasado de ser un anuncio y la reforma del Poder Judicial, cifrada en la elección de las personas juzgadoras, pinta para culminar en un fraude o fracaso. El desenlace de la reforma de ese Poder de la Unión no dejará necesariamente en manos del Ejecutivo al Judicial, sino en manos de intereses políticos, económicos y criminales que alejarán aún más el acceso a la justicia.
Basar en un sólo pie del trípode la lucha contra el crimen como lo es la acción policial, sin apoyarlo en la procuración y la impartición de justicia puede provocar nuevos problemas. ¿Ante esa falta de sintonía, cuál es el cálculo?
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Si bien es reconocible la aplicación de inteligencia y el uso de fuerza en el combate al crimen en el terreno, se echan de menos acciones contundentes, ahí, donde política, economía y delito se tocan. Falta una actuación resuelta y profunda en el campo financiero y político para desmantelar la red de intereses que, desde esas áreas y en complicidad, soportan al crimen y se asocian con él.
Proceder en esos campos reclama enorme cohesión y unidad, incluso sacrificio, en el gobierno y su partido, y demanda no tolerar la lucha o la defensa de parcelas o cotos de poder como, desde ahora, se está viendo.
Si, en verdad, se quiere ofrecer seguridad con paz y justicia, encontrar a los desaparecidos y resguardar la soberanía, más vale revisar y calcular de manera integral cuanto acontece, así como lo que se está haciendo y lo que falta por hacer. Sólo actuando hoy sin perder de vista mañana, se podrá reponer el horizonte. [email protected] @SobreavisoO
El giro en la política anticriminal es notorio ynotable. Sin embargo, ojalá haya una visión integral de cuanto se hace y falta por hacer. Sólo así, se podrá reponer el horizonte.
